Prohibición de celulares en colegios: ¿Es legal que revisen la mochila para quitarlos? Esto dice la ley
La nueva normativa modifica la Ley General de Educación para establecer un marco regulatorio para el uso de estos dispositivos. Los establecimientos tienen un plazo para actualizar sus reglamentos.
Hand holding a cell phone in a classroom at school / Antonio Hugo Photo
Esta semana los estudiantes regresaron a las salas de clases en todo el país y un detalle que es clave para el año que comienza es la ley que prohíbe uso de celulares en colegios.
La nueva normativa modifica la Ley General de Educación para regular el uso de dispositivos móviles en las aulas y los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos.
El alcance de esta normativa rige para todos los niveles de educación parvularia, básica y media, aplicándose a cualquier dispositivo con acceso a Internet o telecomunicaciones durante las actividades curriculares.
Ante la entrada en vigencia de la norma, una de las dudas que podría ser más recurrente entre estudiantes y apoderados es si los establecimientos cuentan con la facultad de revisar mochilas para retirar estos dispositivos.
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Desde el marco normativo vigente, la respuesta es más que clara: no está permitido realizar registros físicos de pertenencias personales. Aquella práctica estaría vulnerando el derecho a la vida privada, la honra, la dignidad y la protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes.
“Regular el uso del celular es válido y está dentro de las atribuciones del colegio, pero revisar mochilas o vestimenta no lo está. La normativa es explícita en proteger la esfera privada del estudiante y cualquier registro cruza ese límite”, explica María Jesús Forteza, docente y gestora de contenidos de Ziemax.
“Si un establecimiento decide registrar pertenencias, no solo arriesga una denuncia, también puede generar un daño emocional innecesario. La disciplina no puede ejercerse vulnerando derechos fundamentales”, añade la experta.
Un establecimiento que incurra en este tipo de acciones podría enfrentar una denuncia ante la Superintendencia de Educación y la apertura de un procedimiento administrativo por vulneración de derechos.
Los centros educacionales sí pueden fijar reglas internas para exigir que el celular permanezca guardado o habilitar espacios de resguardo durante la jornada.