Formalizan a exjefe sanitario por muerte de funcionaria en frontera de Antofagasta: Fiscalía acusa negligencia
La trabajadora de 25 años realizaba test COVID-19 en Hito Cajón y Jama cuando comenzó a presentar un grave deterioro de salud.
Vista al logotipo de la Fiscala Regional de Antofagasta. FOTO: ALEJANDRO LEIVA VARELA/ AGENCIAUNO / Alejandro Leiva Varela / Agencia Uno
El Ministerio Público puso en marcha una causa penal en la Región de Antofagasta contra un antiguo trabajador de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
La investigación apunta a que, mientras cumplía funciones de jefatura en la Oficina Sanitaria de Fronteras, habría incurrido en una conducta negligente que terminó con la muerte de una funcionaria de 25 años en 2022.
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La joven prestaba servicios en los complejos fronterizos Hito Cajón y Jama, donde realizaba exámenes para la detección de Covid-19 bajo la coordinación directa del ahora imputado.
Durante varias semanas (entre junio y comienzos de julio de ese año) la trabajadora comenzó a evidenciar un deterioro físico notorio mientras cumplía turnos en altura. Según lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia, pese a la evolución de los síntomas, no se adoptaron medidas preventivas ni se gestionó asistencia médica especializada.
En lugar de activar protocolos de resguardo, se habría restado gravedad al cuadro, atribuyéndolo a un malestar típico asociado a la altitud (puna), lo que postergó cualquier intervención clínica.
Prolongada exposición a altura
La situación alcanzó su punto crítico el 4 de julio. Con la salud ya visiblemente comprometida, se decidió su retorno a la capital regional en un vehículo particular, sin equipamiento médico ni acompañamiento profesional.
Tras arribar a su vivienda, la joven debió acudir posteriormente al Hospital Regional de Antofagasta, donde fue internada. Dos días después, el 6 de julio, falleció producto de complicaciones vinculadas a la prolongada exposición a condiciones extremas de altura.
Para el ente persecutor, el caso configura un cuasidelito de homicidio, ya que el supervisor tenía la obligación de resguardar la seguridad del personal desplegado en zonas de riesgo geográfico. Los informes médicos incorporados a la carpeta investigativa sostienen que una evacuación oportuna y bajo estándares adecuados podría haber cambiado el desenlace.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió imponer arraigo nacional al imputado mientras se desarrolla el proceso. Además, estableció un plazo de 150 días para profundizar la indagatoria, periodo en el que se reunirán nuevos peritajes y antecedentes destinados a esclarecer el grado de responsabilidad penal.
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