Casi 30 mil casos: solo el 1% de los funcionarios implicados en el escándalo de licencias médicas fraudulentas ha sido destituido
De la totalidad de involucrados, apenas 262 terminaron en expulsiones, mientras más de 21 mil investigaciones continúan abiertas y miles ya tuvieron castigos administrativos.
Solo el 1% de los funcionarios implicados en escándalo de licencias médicas fraudulentas ha sido destituido
El uso de licencias médicas fraudulentas en el sector público sigue mostrando escasos avances en materia de sanciones.
Según el séptimo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), de casi 30 mil funcionarios involucrados, solo un 1% ha sido destituido, equivalente a 262 personas, a más de nueve meses de los informes de Contraloría.
Actualmente, más de 21 mil sumarios continúan en tramitación y unos 4.200 ya fueron resueltos. Las sanciones aplicadas corresponden principalmente a censuras, suspensiones, multas y anotaciones de demérito.
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Además, 577 casos se cerraron sin sanción y deberán ser revisados nuevamente por Contraloría.
“Casi 600 trabajadores absueltos”
Desde la ANEF, su vicepresidente de Modernización del Estado, Yuri Contreras, explicó que la cifra de desvinculaciones no refleja el total de castigos aplicados.
“Un número mayor ha recibido otro tipo de sanciones, como censura, suspensiones sin goce de remuneraciones o multa”, señaló, agregando que “hay aproximadamente seiscientos trabajadores que resultaron absueltos en los sumarios”.
En el Senado, las críticas apuntan a la falta de decisión política. El senador Juan Luis Castro afirmó que “ha habido falta de voluntad política de llegar hasta el final en estos casos” y advirtió: “¿Qué sacamos con que los sumarios vayan quedando en el olvido?”.
Agencia Uno
Perjuicio de más de 36 mil millones
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, sostuvo que “alrededor de trescientos funcionarios han sido destituidos pese a las casi treinta mil personas involucradas”, apuntando a la extemporaneidad y a la judicialización de los casos.
El impacto económico estimado supera los 36 mil millones de pesos.
Para Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, “es un número absolutamente absurdo que solamente un uno por ciento frente a pruebas tan categóricas haya sido procesado”, advirtiendo que el conflicto y la recuperación de recursos quedarán para el próximo gobierno.