Hce unas semanas, un tribunal de Japón condenó a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, el hombre que asesinó al ex primer ministro japonés Shinzo Abe en julio de 2022. Más allá del fallo, el proceso judicial expuso una historia marcada por el fanatismo religioso, la ruina económica y una violencia incubada durante décadas.

El crimen ocurrió en plena campaña electoral, cuando Abe realizaba un acto público. En medio del discurso, Yamagami disparó con un arma artesanal fabricada por él mismo: dos tubos metálicos unidos a una tabla de madera, cables expuestos y cinta aislante negra.

Desde el inicio, el acusado reconoció su responsabilidad. “Es todo cierto. No hay duda de que lo hice”, declaró ante el tribunal, asumiendo tanto el asesinato como la violación a la ley de armas. Sin embargo, la discusión judicial no giró en torno a la autoría, sino al motivo.

La Iglesia de la Unificación

Durante el juicio, Yamagami sostuvo que no actuó por motivaciones políticas directas, sino por un profundo resentimiento contra la Iglesia de la Unificación, una organización religiosa calificada en Japón como una “religión antisocial”. El movimiento, fundado por el coreano Sun Myung Moon, promovía una doctrina que mezclaba mesianismo cristiano, anticomunismo propio de la Guerra Fría, pronatalismo y una fuerte veneración a su líder.

Según expuso la defensa, la Iglesia de la Unificación había ejercido una influencia sostenida en Japón desde la década de 1960 y mantenía vínculos directos con Shinzo Abe y su partido político. De hecho, Abe había aparecido poco antes del atentado en un video de homenaje al líder del movimiento.

Ese contexto explica por qué Abe no fue un blanco aleatorio. Su objetivo inicial fue un dirigente directo de la organización, pero al no poder acceder a él, decidió apuntar al ex primer ministro, a quien definió como “uno de los simpatizantes más influyentes de la Iglesia en el mundo real”.

El vínculo, afirmó Yamagami y quedó documentado durante el juicio, no era solo simbólico. Durante décadas, la facción de Abe dentro del Partido Liberal Democrático dependió del respaldo electoral del movimiento religioso. Para el acusado, Abe encarnaba una alianza histórica entre el poder político japonés y la organización religiosa a la que responsabilizaba de la ruina total de su familia.

Su lazo con la organizacion

Su historia personal fue uno de los ejes de su testimonio. Según relató, su madre ingresó a la Iglesia décadas atrás y terminó donando todos los bienes familiares, incluida la herencia de su padre, hasta dejarlos en la bancarrota. La tragedia se profundizó con los años: a los 24, Yamagami intentó suicidarse ingiriendo un disolvente industrial y permaneció hospitalizado, mientras su madre se negaba a regresar de un retiro religioso de 40 días en Corea del Sur.

Posteriormente, un tío del acusado, abogado de profesión, denunció ante líderes locales de la Iglesia que las donaciones de la madre —que superaban los 700 mil dólares— habían sido obtenidas bajo coacción. Solo la mitad del dinero fue devuelta. Aun así, la mujer continuó endeudándose para seguir aportando fondos a la organización.

El quiebre familiar fue irreversible. El hermano de Yamagami intentó sacarla del grupo, en una relación marcada por episodios de violencia. En 2015, ese hermano se suicidó. Años después, el propio Yamagami escribiría en redes sociales: “Nunca perdonaré a la Iglesia, ni a los japoneses que se alinean con ella”.

El Juicio

Durante el juicio también se expusieron los vínculos históricos entre la Iglesia de la Unificación y sectores del poder político japonés. Documentos revelaron que el movimiento instruyó a sus miembros a apoyar a candidatos respaldados por Abe. El propio ex primer ministro había aparecido en un video homenaje al fundador del grupo, Sun Myung Moon. Incluso se recordó que el abuelo de Abe, también ex primer ministro, mantuvo relaciones cercanas con su fundador.

El proceso judicial se extendió por seis semanas. La madre y la hermana del acusado declararon. En los alegatos finales, la fiscalía sorprendió al solicitar cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Los fiscales evitaron profundizar en los vínculos políticos y centraron su argumento en el hecho del asesinato. La defensa, en tanto, describió el caso como una tragedia social y pidió una condena menor a 20 años.

Antes del veredicto, Yamagami rechazó hablar por última vez ante el tribunal. El juez reconoció que el acusado tuvo una “crianza desafortunada”, pero descartó que eso justificara el crimen. Finalmente, la sentencia fue clara: prisión de por vida.