Corte de Apelaciones revoca sobreseimiento del Presidente Boric en causa por malversación tras contratación de abogado

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento definitivo del presidente de la República, Gabriel Boric, en la investigación por presunta malversación de caudales públicos. La causa se originó tras la contratación de un abogado privado para la defensa del mandatario mediante un trato directo financiado con fondos de la Presidencia.

El tribunal de alzada no solo revirtió la decisión de primera instancia, sino que además emitió una dura resolución donde cuestionó la “necesidad pública” de dicho acuerdo. Según los magistrados, la representación jurídica de Boric pudo haber sido asumida por organismos institucionales como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) o la Defensoría Penal Pública.

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La controversia se remonta a hace un año, cuando la Presidencia de la República contrató mediante trato directo al abogado Jonatan Valenzuela Saldías por un monto de $13.800.000. El objetivo era representar a Boric frente a una querella interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, la cual alegaba irregularidades en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

En noviembre pasado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había acogido el sobreseimiento definitivo de la causa, argumentando que los hechos no eran constitutivos de delito. El tribunal de primera instancia señaló en ese momento que el querellante intentaba ligar una causa penal con otro proceso administrativo en trámite que aún no ha sido juzgado.

“No juzga los hechos del caso”

Tras conocerse la resolución de la Corte, el abogado Jonatan Valenzuela señaló a Radio ADN que el fallo no constituye una condena ni un juicio de valor sobre el fondo. “Se trata de un fallo que no juzga los hechos del caso, sino la solicitud de sobreseimiento que había sido antes acogida”, precisó el defensor, enfatizando que solo se trata de un pronunciamiento sobre la apelación presentada por la parte querellante.

Con esta determinación, la causa judicial vuelve a estar vigente, obligando a mantener abierta la indagatoria sobre si el uso de fondos públicos para costear una defensa jurídica privada en este contexto específico se ajusta o no a la legalidad vigente.