RN acude a tribunal internacional por fallo que devuelve a la cárcel a ex agentes de la dictadura
Desde Renovación Nacional piden a la presidenta de la CIDH revisar la forma en que Chile está cumpliendo las condenas internacionales, alegando falta de norma legal previa.
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) abrió un nuevo flanco de debate jurídico-político al enviar una carta formal a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La acción busca impugnar los efectos del reciente fallo de la Corte Suprema chilena, dictado el pasado 30 de diciembre, que ordenó el cumplimiento de una sentencia internacional y, en la práctica, revocó la aplicación de la “media prescripción”, elevando las condenas de diversos ex agentes de la dictadura.
Los parlamentarios, encabezados por el jefe de bancada Frank Sauerbaum y la subjefa Carla Morales, dirigieron la misiva a Roberta Clarke, presidenta del organismo internacional. En el texto, solicitan la adopción de medidas para evitar que, bajo el argumento de cumplir obligaciones internacionales, el Estado chileno consolide prácticas que, a su juicio, son “contrarias al debido proceso y al principio de legalidad”.
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El impacto del fallo
Según la información consignada por La Tercera, la preocupación de los legisladores surge tras la decisión del máximo tribunal chileno de acatar lo resuelto por la Corte IDH en el caso “Vega González y otros”. Esta determinación judicial tiene efectos inmediatos: cuatro ex uniformados deberán volver a prisión, mientras que otros 24 verán aumentadas sus penas, entre ellos figuras emblemáticas de la represión como Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff.
En la carta citada por el medio, los diputados de RN enfatizan que les parece alarmante que “se haya procedido a modificar una sentencia penal firme, aumentando la pena originalmente impuesta y ordenando una nueva privación de libertad, sin que exista una norma legal previa, clara y expresa que habilite tal revisión en perjuicio del condenado".
Argumento de fondo: La forma, no el fondo
Los firmantes aclaran que su reclamo no busca desconocer la atrocidad de los crímenes de lesa humanidad sancionados. Sin embargo, advierten sobre el peligro de flexibilizar las reglas del juego judicial. “Defender los derechos humanos no puede ni debe implicar su relativización (del debido proceso), aun cuando se trata de proscribir y perseguir delitos de la máxima gravedad”, argumentan en el documento enviado a Washington.
El origen de esta controversia se remonta a marzo de 2024, cuando la Corte Interamericana condenó al Estado de Chile por la violación de garantías judiciales en casos de desaparición forzada. El tribunal internacional cuestionó específicamente el uso de la media prescripción —una figura legal que rebajaba penas por el paso del tiempo— aplicada sistemáticamente por la Sala Penal de la Corte Suprema entre los años 2007 y 2010.
Como medida de reparación, la justicia internacional ordenó a Chile “revisar y/o anular” dichas reducciones de condena por considerarlas “inconvencionales”. Al acatar esta orden el 30 de diciembre, la Corte Suprema chilena desestimó que se vulnerara la soberanía nacional, priorizando el cumplimiento de los tratados de Derechos Humanos, una postura que hoy es resistida por la oposición política en el Congreso.
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