¿Qué es la negociación ramal? Las claves del proyecto de ley anunciado por el Gobierno

El Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, confirmó el envío al Congreso del esperado proyecto de ley de negociación ramal o multinivel para principios de enero de 2025.

La iniciativa, que forma parte de los compromisos programáticos del Ejecutivo, tiene como objetivo transformar las relaciones laborales en Chile, pasando de un modelo fragmentado (donde se negocia solo dentro de cada empresa) a uno que permite acuerdos por sectores económicos completos.

¿De qué trata el proyecto?

El corazón de la propuesta es la creación de un sistema de negociación organizado en tres niveles: Sectorial, Intermedio y Empresa. Esto permitirá que sindicatos y empleadores de una misma industria (por ejemplo, el comercio, la minería o el transporte) definan condiciones mínimas comunes para todos los trabajadores de ese rubro, en lugar de negociar caso a caso.

Un punto clave ratificado por el ministro del Trabajo (s), Giorgio Boccardo, es que la negociación incluirá explícitamente los salarios. “En todos los países del mundo donde existe negociación multinivel una de las materias que se discute son los salarios”, afirmó la autoridad, descartando las presiones para dejar este ítem fuera de la discusión sectorial.

¿A quién puede beneficiar?

Según lo planteado por el Ejecutivo y organismos como la CUT, el proyecto tiene dos grandes grupos de beneficiarios potenciales:

1. Los Trabajadores: Se verán beneficiados al tener mayor poder de negociación. Al fijar “pisos mínimos” por sector, los empleados de empresas más pequeñas o con sindicatos débiles podrán acceder a los mismos beneficios y estándares salariales que los de las grandes compañías del mismo rubro, mejorando sus ingresos y condiciones de seguridad y salud.
2. Las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas): Aunque ha generado resistencia en gremios como la CPC, el Gobierno argumenta que el modelo beneficia a las Pymes al evitar la competencia desleal. Hoy, algunas empresas ganan mercado pagando sueldos muy bajos; con la nueva ley, todas las empresas de un sector deberán respetar un estándar mínimo, obligando a competir por productividad, innovación o calidad, y no por precarización laboral.

Medidas de resguardo

Para proteger a las Pymes que podrían tener dificultades económicas para cumplir con los nuevos estándares, el proyecto incluirá medidas específicas, como “mecanismos de descuelgue”. Esto significa que aquellas empresas que demuestren no tener las condiciones económicas para sumarse al acuerdo sectorial podrán restarse temporalmente de las obligaciones pactadas. Además, se vincularán las mejoras laborales a incentivos de capacitación y transición tecnológica.

Con este proyecto, Chile busca alinearse con los estándares de los países más productivos de la OCDE, donde la negociación colectiva abarca a gran parte de la fuerza laboral y actúa como un motor de equidad y eficiencia económica.