Operación Apocalipsis: Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados y anticipa que más gendarmes serán investigados

La Fiscalía Metropolitana Occidente entregó nuevos antecedentes este sábado durante la segunda jornada de formalización de los imputados por la denominada Operación Apocalipsis, una de las mayores investigaciones por corrupción al interior de Gendarmería.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para 62 imputados y arresto domiciliario total para otros seis, solicitudes que fueron íntegramente acogidas por el tribunal.

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El Juzgado de Garantía fijó además un plazo de 300 días para el desarrollo de la investigación, considerando la complejidad de la causa y la eventual ampliación del número de involucrados. Según expuso la Fiscalía, nuevos funcionarios penitenciarios podrían sumarse a la indagatoria a partir de declaraciones de los imputados y recientes reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Durante la audiencia, se explicó que la investigación ha permitido detectar movimientos bancarios sospechosos y flujos de dinero sin justificación legal, lo que obligará a solicitar nuevos alzamientos de secreto bancario.

Hasta ahora, la Fiscalía ha establecido que al menos 47 gendarmes habrían recibido pagos para permitir el ingreso de elementos prohibidos y facilitar visitas irregulares en recintos como Santiago Uno y San Joaquín. A ellos se suman 23 civiles, sindicados como parte de la red que operaba desde el exterior de las cárceles.

Los funcionarios son imputados por delitos de asociación criminal, cohecho y lavado de activos, mientras que a los civiles se les atribuye el delito de soborno. Según la Fiscalía Regional Occidente, la red habría movilizado más de $6.000 millones en un periodo aproximado de tres años, utilizando prestacuentas y transferencias reiteradas para ocultar el origen ilícito de los fondos.

La formalización continuará durante los próximos días debido a la alta cantidad de imputados y a la presentación detallada de los antecedentes financieros y penales reunidos en la investigación, considerada clave para desbaratar redes de corrupción en el sistema penitenciario del país.