“Amarre” antes del cambio de mando: los detalles del artículo de reajuste fiscal que desató la furia de la oposición

Una intensa controversia política se desató a partir del acuerdo de reajuste al sector público alcanzado por el Gobierno con parte de la Mesa del Sector Público. Aunque el incremento salarial, un alza nominal de 3,4%, generó reparos, el principal foco de conflicto se concentró en una cláusula del protocolo que restringe la no renovación de funcionarios a contrata, medida que desde la oposición ha sido calificada como un intento de “amarre” antes del cambio de mando.

La norma, impulsada por el Ejecutivo e incorporada al proyecto de ley de reajuste, establece que la no renovación de contratas, o su modificación en condiciones distintas, solo podrá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos y argumentos jurídicos verificables.

El texto enfatiza que no bastará invocar genéricamente “necesidades del servicio”, sino que deberán existir antecedentes específicos que respalden la decisión.

Revisa también

• José Antonio Kast continúa con su agenda: mandatario electo se reúne con la presidenta del TC y líderes evangélicos
• Superó a Pamela Jiles: PDG elige a Juan Marcelo Valenzuela como nuevo jefe de bancada

Además, la resolución deberá ser notificada con al menos 30 días de anticipación y enviada a la Contraloría General de la República para su registro. El artículo también abre la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante el organismo contralor a funcionarios con dos o más años de servicios continuos, salvo que ya hayan iniciado acciones judiciales por los mismos hechos. En caso de incumplirse el procedimiento, el acto quedaría sin efecto, obligando a la reincorporación del trabajador y al pago íntegro de sus remuneraciones.

Desde la oposición, las críticas han sido duras. Diputados de RN, la UDI y el Partido Republicano acusan que la norma rigidiza la administración pública y busca dejar protegidos a funcionarios afines al actual gobierno, dificultando el recambio que tradicionalmente acompaña a una nueva administración. A juicio de estos sectores, se trata de una maniobra “políticamente inaceptable” que tensiona la relación con el gobierno entrante de José Antonio Kast.

En la vereda contraria, el oficialismo y organizaciones sindicales han defendido la disposición. Desde la ANEF sostienen que no se trata de un amarre, sino de una herramienta para frenar despidos arbitrarios y limitar la discrecionalidad, especialmente en períodos de transición política. Una postura similar han expresado parlamentarios del Frente Amplio, quienes aseguran que la norma busca fortalecer la probidad y el respeto a criterios objetivos en la gestión del Estado.