Insólito error administrativo obliga a anular votación de la comisión que revisa acusación constitucional contra juez Simpertigue

Un inesperado vuelco procedimental sufrió este miércoles la tramitación de la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. La comisión revisora de la Cámara de Diputados se vio obligada a anular la votación realizada durante la jornada y dejar sin efecto la citación a la Sala, tras detectarse un grave error administrativo en la gestión de los documentos de la defensa.

El incidente se originó en torno a las pruebas que buscan desestimar los cargos por falta de probidad. La instancia había otorgado un plazo fatal hasta las 12:30 horas para que el abogado del magistrado entregara los comprobantes que acreditarían que Simpertigue pagó con recursos propios su participación en polémicos cruceros, uno de los puntos centrales del libelo.

Revisa también:

• “Usted le falló a los niños”: Presidente Boric es increpado por manifestante durante la entrega del informe del INDH
• Jose Antonio Kast responde a ministro Cordero por ‘retórica del miedo’: “Vaya solo al Cerro Chuño a las 12 de la noche y camine”

“Llegó en tiempo y forma, pero no se informó”

Según explicó la presidenta de la comisión, la diputada Maite Orsini, la defensa cumplió con el requerimiento. “El antecedente llegó en tiempo y forma, sin embargo, el secretario cometió un error, no nos informó”, detalló la parlamentaria. Al momento de votar, los legisladores no tenían a la vista estos documentos esenciales, lo que vició la decisión adoptada.

Ante la irregularidad, y para garantizar el debido proceso, la comisión resolvió dejar sin efecto todo lo obrado en la sesión de la tarde. Como medida correctiva, se citó nuevamente para este jueves a las 11:00 horas, instancia en la que se recibirá al abogado defensor para que exponga los antecedentes omitidos y se proceda a una nueva deliberación.

Este traspié retrasa el avance del juicio político contra el supremo, quien es acusado de notable abandono de deberes por su presunta vinculación en el denominado “caso Muñeca Bielorrusa” y faltas a la probidad en nombramientos y relaciones con abogados litigantes.