Gobierno reconoce que expropiación de megatoma de San Antonio se financiará con recursos no ejecutados

El Gobierno confirmó que los cerca de $11 mil millones destinados a la expropiación de parte del terreno ocupado en la megatoma de San Antonio provendrán de fondos presupuestados para 2025 que no fueron ejecutados por los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) en distintas regiones.

El anuncio fue realizado luego de que el Ministerio de Vivienda y los representantes de los ocupantes firmaran el convenio para el proyecto habitacional Cerro Centinela, que considera la expropiación de 100 de las 215 hectáreas afectadas.

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El ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que el monto destinado podría modificarse después de que peritos definan el valor final del paño y se calculen las obras necesarias para urbanizar el sector. “Una cosa es expropiar y otra urbanizarlo. El costo del terreno lo establecerán peritos, especialistas en esto, y que se seleccionan de un registro. Nosotros, a partir de los estudios que tenemos, por las tasaciones que se hicieron, estimamos cuál es el costo que esto puede tener, pero, por cierto, que puede ser más o menos que los $11 mil millones", explicó a El Mercurio.

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Montes también aclaró que los recursos están disponibles porque correspondían a partidas destinadas a campamentos para este año. “Los teníamos reservados ante una eventualidad”, afirmó.

Según el jefe de Asentamientos Precarios, Andrés Palma, la disponibilidad surgió debido a que varios Serviu devolvieron fondos que, por primera vez, debían ejecutar dentro del mismo año, indicó el citado medio.

Entre los proyectos que no se concretaron figuran iniciativas en Coyhaique, Castro, Los Ríos, La Araucanía y Ñuble, sumando más de $10.900 millones. De no utilizarse, estos recursos habrían retornado al Tesoro Público.

En paralelo, los dirigentes de la toma destacaron que su prioridad es asegurar que todas las familias que cumplen requisitos formen parte del proceso.

El ministro Montes añadió que el terreno deberá someterse a un nuevo loteo, con urbanización que incluya calles, equipamiento comunitario y servicios básicos. Además, respondió a los cuestionamientos sobre un eventual traspaso del problema al próximo Gobierno, indicando que el Minvu dejará “cien mil proyectos en ejecución”, como ocurre habitualmente en los cambios de administración.