Los argumentos de la Corte Suprema para confirmar el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por fraude al fisco
Cinco asesores declararon no conocer a la colaboradora del diputado, un elemento clave que, junto a la falta de documentos, abonó a la seriedad de la imputación de fraude al Fisco.
Agencia Uno
El máximo tribunal basó su decisión en la seriedad y verosimilitud de los antecedentes que cuestionan la efectividad de una asesoría parlamentaria del diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por el Ministerio Público como autor del delito de fraude al fisco.
La Corte desestimó las alegaciones de la defensa, al considerar que estas “exceden el control de plausibilidad” y apuntan al fondo del asunto, el cual debe ser dilucidado en un juicio penal.
Los elementos clave que la Corte Suprema consideró para confirmar el desafuero fueron:
- Ausencia de Asesoría Efectiva: Se cuestionó la efectividad de la asesoría de la señora Carla Graf Toledo al diputado, basándose en la “ausencia de informes o comunicaciones que den cuenta de las tareas parlamentarias realizadas”.
- Desconocimiento del Equipo: Cinco asesores del diputado Calisto declararon no conocer a la señora Graf dentro del equipo parlamentario.
- Incompatibilidad Laboral: Se comprobó que, paralelamente y durante el mismo periodo, la señora Graf se desempeñaba con una jornada de 40 horas como profesora en el Colegio Alianza Austral y estuvo varios meses con licencia médica.
- Transferencias de Dinero Cuestionables: Se recabaron informes policiales que dan cuenta de diversas transferencias de dinero de la señora Graf al diputado Calisto, así como a los señores Roland Cárcamo y Felipe Klein.
- Coincidencia de Pago: Específicamente, se identificó un traspaso al diputado Calisto que “coincide en el monto y fecha de pago del honorario que percibió la señora Graf como asesora parlamentaria”.
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Defensa desestimada
La defensa del diputado argumentó que la ausencia de informes se justificaba en un “tipo de asesoría directa o de consejería estratégica”. Asimismo, se sostuvo que la flexibilidad de jornada y el formato de asesoría remota explicaban la compatibilidad con el trabajo de profesora, las licencias médicas y el desconocimiento de otros asesores.
La defensa intentó justificar las transferencias de dinero como préstamos o pagos de obras de construcción. Sin embargo, la Corte determinó que estas explicaciones “no desvirtúan la plausibilidad y seriedad de la imputación”, sino que buscan entregar una justificación que contrarrestaría el ilícito, lo cual es materia de la etapa de juicio penal y excede el propósito del antejuicio de desafuero.
La resolución fue notificada a la Cámara de Diputadas y Diputados para los fines pertinentes.
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