Liquidación forzosa: qué es, cuándo se aplica y por qué puede afectarte
Los especialistas recomiendan buscar asesoría legal temprana y explorar alternativas como la renegociación administrativa.
Liquidación forzosa: qué es, cuándo se aplica y por qué puede afectarte / krisanapong detraphiphat
En Chile, la liquidación forzosa es una herramienta de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (N.º 20.720) que puede aplicarse tanto a personas como a empresas. Este procedimiento permite que los acreedores (bancos, proveedores o instituciones financieras) soliciten a un tribunal civil la venta forzosa de los bienes del deudor que no ha cumplido con sus obligaciones de pago.
A diferencia de la liquidación voluntaria, que inicia el propio deudor al reconocer que no puede seguir pagando, la liquidación forzosa nace por iniciativa de un tercero que busca recuperar su dinero. Para que el tribunal la admita, los acreedores deben demostrar que existen deudas vencidas e impagas y que el deudor se encuentra en estado de cesación de pagos. Si el juez acoge la solicitud, nombra a un liquidador concursal, quien administra el patrimonio, vende los activos y distribuye los fondos entre los acreedores según el orden legal establecido.
Este tipo de procesos ha ganado visibilidad pública por involucrar a figuras conocidas. Hace algún tiempo, la justicia acogió la liquidación forzosa de una sociedad vinculada al futbolista Luis “Mago” Jiménez, luego de que sus bancos acreedores solicitaran la quiebra ante el tribunal civil. El juez designó un liquidador y ordenó el remate de bienes para cubrir los créditos impagos. El caso ejemplifica cómo esta figura puede aplicarse sin distinción de nombre o tamaño.
Según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), durante 2025 se contabilizan 8 liquidaciones forzosas de personas y 74 de empresas, lo que evidencia que las organizaciones siguen concentrando la mayor parte de los procesos judiciales de liquidación en el país.
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El abogado y socio fundador de DefensaDeudores.cl, Ricardo Ibáñez, explica que “estas liquidaciones forzosas son más bien coercitivas y no porque nos encontremos ante una situación de insolvencia real o patente. Tienen por objeto exponer a un deudor a una eventual responsabilidad penal con el fin de que pague el total de la deuda”.
Las consecuencias son inmediatas: el deudor pierde la administración de sus bienes, se suspenden los juicios y embargos, y todo se tramita dentro del proceso concursal. La resolución se publica en el Boletín Concursal de la SUPERIR, quedando disponible para consulta pública.
Ricardo Ibáñez agrega que “un abogado que defiende deudores siempre buscará evitar exponer a su cliente a un procedimiento de liquidación forzosa, dadas las perniciosas consecuencias que este puede tener”.
En resumen, la liquidación forzosa es un proceso judicial de alto impacto patrimonial. Por eso, los especialistas recomiendan buscar asesoría legal temprana y explorar alternativas como la renegociación administrativa, que permite reordenar deudas y evitar la pérdida total del control sobre los bienes.