710 fiscales realizan jornada de reflexión y paro para visibilizar sobrecarga y exigir mejoras laborales
Exigen incentivo al retiro en los mismos términos del Poder Judicial, una carrera funcionaria permanente basada en mérito y la eliminación del grado 8 para equiparar sueldos.

710 fiscales realizan jornada de reflexión y paro
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Este miércoles, 710 fiscales a lo largo del país llevaron a cabo una jornada nacional de reflexión y paro de actividades para visibilizar las condiciones laborales que —aseguran— enfrentan: sobrecarga de trabajo y falta de dotación. La movilización apuntó al Gobierno y al Ministerio de Justicia para que se avance en tres ejes: incentivo al retiro en condiciones equivalentes a las del Poder Judicial, carrera funcionaria permanente que reconozca el mérito profesional y eliminación del grado 8 como medida de equiparación salarial.
En Arica, la fiscal Paulina Brito, directora de Finanzas de la Asociación Nacional de Fiscales, explicó a Radio ADN que, de acuerdo con el proyecto de ley de ascensos, 2025 sería el último año en que los funcionarios podrían ascender de grado automáticamente cada dos años, situación que el gremio busca revertir.
Brito detalló que la carrera funcionaria del Ministerio Público se diseñó para permitir ascensos bienales en los distintos estamentos. Sin embargo, sostuvo que —según el proyecto que hoy regula esa carrera— dicha modalidad concluiría este año, afectando las perspectivas de desarrollo profesional al interior de la institución.
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La dirigenta subrayó que no existen, por ahora, reacciones del Ministerio de Justicia frente a la jornada. Recordó que en octubre de 2024 dicha cartera se comprometió a conformar una mesa de trabajo para abordar estas demandas y dejar sin efecto un dictamen de la DIPREPES de 2017, que —según el gremio— excluyó al Ministerio Público de beneficios aplicables a otros organismos.
Desde la Asociación Nacional de Fiscales insisten en que la sobrecarga estructural y la insuficiente dotación impactan en la gestión de causas y en la calidad del servicio a las víctimas, por lo que piden medidas concretas para fortalecer equipos, estabilizar trayectorias funcionarias y alinear incentivos con estándares del sistema de justicia.
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