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Adiós a Punta Peuco: Contraloría toma razón del decreto que convierte al recinto en un penal común

El penal, que albergó a figuras de la dictadura cívico-militar como Manuel Contreras, será remodelado y transformado en un recinto común.

Adiós a Punta Peuco: Contraloría toma razón del decreto que convierte al recinto en un penal común

El Presidente Gabriel Boric anunció este lunes en La Moneda que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que transforma Punta Peuco en un penal común, cumpliendo así el compromiso asumido en su última Cuenta Pública.

“Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar. Desde hoy en Chile no existen cárceles de primera y segunda categoría”, declaró el Mandatario, calificando la medida como un “acto de justicia y de optimización de recursos”.

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Presidente Gabriel Boric / Sebastian Beltran Gaete

La decisión pone fin a tres décadas de funcionamiento del recinto penitenciario ubicado en Tiltil, creado en 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos, como el exjefe de la DINA Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza.

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Con esta resolución, de acuerdo a lo señalado anteriormente por Ciper, el recinto pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Tiltil, y sus plazas serán destinadas a internos comunes bajo los criterios de seguridad establecidos por Gendarmería.

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Boric detalló que ya se están ejecutando obras de adecuación en el penal, que incluyen nuevos módulos de reclusión, espacios de visitas, oficinas técnicas y sistemas de tecnovigilancia. Las remodelaciones concluirán a inicios de 2026, permitiendo recibir a los primeros reclusos durante el primer trimestre del próximo año. “Terminar con el privilegio que representó este penal por décadas es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana”, enfatizó el Presidente.

El cierre de Punta Peuco se suma al precedente del penal Cordillera, clausurado en 2013 durante el gobierno de Sebastián Piñera. De esta forma, el Ejecutivo concreta una de sus promesas emblemáticas en materia de derechos humanos.

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