“Pedicura en el Congreso”: escándalo por congresista peruana que usó a su asesor para cortarse las uñas
El registro también reveló que otro asesor acudía a su vivienda para cocinarle durante el horario de oficina.
Congreso Perú - captura
Un nuevo escándalo sacude al Congreso peruano tras la difusión de imágenes que muestran a la legisladora Lucinda Vásquez, de la bancada Juntos por el Perú, recibiendo una pedicura de uno de sus trabajadores en plena jornada laboral.
El registro, emitido por el programa Cuarto Poder, también reveló que otro asesor acudía a su vivienda para cocinarle durante el horario de oficina.
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En las fotografías difundidas por el medio se observa a Edwar Rengifo, familiar de la congresista, cortándole las uñas a Vásquez en su despacho del edificio Juan Santos Atahualpa.
Mientras tanto, otro empleado, identificado como Willer Sajami, fue captado preparando el desayuno de la parlamentaria en su domicilio, según registros de noviembre de 2022 y enero de 2023.
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Consultada por la prensa, Vásquez evitó referirse al tema y respondió con evidente molestia. “No obligo a nadie, pero tampoco es voluntario. Pregúntenme por mis leyes, no por eso”, dijo al ser abordada por periodistas.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó el hecho como “repudiable” y exigió la intervención inmediata de la Comisión de Ética. “Es una humillación inaceptable y debe sancionarse con severidad”, afirmó.
La polémica se suma a una serie de denuncias previas contra Vásquez. Investigaciones anteriores revelaron la contratación de tres de sus familiares con altos sueldos en su despacho y acusaciones por recortes salariales a exasesores, quienes afirmaron haber entregado parte de sus sueldos bajo presión.
El Ministerio Público mantiene además una investigación abierta en su contra por presunta filtración de exámenes docentes en su región, San Martín, cuando integraba el partido Perú Libre.
De comprobarse responsabilidades, la congresista podría enfrentar sanciones en el Congreso e incluso una inhabilitación de hasta 120 días. Los hechos, considerados un posible “abuso de poder” o “peculado”, profundizan la crisis de credibilidad que atraviesa el Parlamento peruano.
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