“¿Me estoy demandando a mí mismo?”: Trump busca que el Estado lo indemnice por “persecución” en su contra
El presidente de Estados Unidos presentó reclamaciones por las investigaciones de Rusia y el allanamiento a Mar-a-Lago y abre un inédito conflicto ético: su propio Gobierno debe decidir si le paga.
Donald trump / Andrew Harnik
El presidente Donald Trump presentó reclamaciones administrativas para que el Departamento de Justicia (DOJ) le pague alrededor de US$230 millones por los costos y daños que, según alega, le provocaron diversas investigaciones federales, incluidas la pesquisa del fiscal especial sobre la injerencia rusa en 2016 y el allanamiento del FBI a Mar-a-Lago en 2022.
Las solicitudes —paso previo a una demanda— colocan al propio Gobierno que hoy encabeza frente a la decisión de pagar o rechazar la compensación a su jefe, un escenario sin precedentes que expertos califican como un conflicto ético mayúsculo.
De acuerdo con los antecedentes, la primera queja fue ingresada a fines de 2023 por “violaciones” a sus derechos durante la investigación sobre Rusia; la segunda, en el verano de 2024, denuncia que el FBI vulneró su privacidad al registrar su residencia y acusa al DOJ de “procesamiento malicioso” por imputarle mal manejo de documentos clasificados. “Me hicieron mucho daño y cualquier dinero que recibiera lo donaría a caridad”, dijo Trump al ser consultado, agregando sobre el inédito dilema institucional: “Parece un poco mal… ¿me estoy demandando a mí mismo?”, publica el The New York Times.
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El caso enciende alertas porque, según el manual interno del DOJ, acuerdos superiores a US$4 millones deben ser firmados por las más altas autoridades civiles del Departamento. Hoy esas jefaturas incluyen a exabogados de Trump o de su entorno. La fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche —quien declaró que su relación abogado-cliente con el presidente continúa— podrían intervenir en la aprobación; el jefe de la división civil, Stanley Woodward Jr., representó a Walt Nauta (coacusado de Trump) y a otros asesores en causas relacionadas.
Aunque las reclamaciones administrativas no son demandas en sí, si el DOJ las rechaza o no actúa, Trump podría acudir a tribunales federales. El trasfondo político y jurídico es evidente: el candidato que fue investigado, ganó y ahora conduce al Estado, pretende que ese mismo Estado lo indemnice por las pesquisas que él califica de “persecución” y “uso político” de la justicia.
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