Fiscalía Nacional crea hito: nombra al primer jefe de la nueva Fiscalía Supraterritorial con alcance nacional
La unidad, dependiente del Fiscal Nacional, coordinará investigaciones complejas contra el crimen organizado con competencia en todo Chile. Inicia funciones el 5 de enero de 2026.

La Fiscalía Nacional designó a Miguel Ángel Orellana Pérez como el primer Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial, una unidad creada para perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad con competencia en todo el país. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que el nombramiento marca “un hito” en la historia del Ministerio Público y en la lucha contra organizaciones criminales.
La Fiscalía Supraterritorial nace al alero de la reforma constitucional de la Ley N° 21.644 —que incorporó el artículo 86 bis— y de la Ley N° 21.771, que modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público para establecer formalmente esta unidad especializada. Su intervención procederá cuando existan antecedentes de asociaciones criminales o se requiera coordinación suprarregional o transnacional de la investigación.
Orellana, abogado egresado de la Universidad Andrés Bello y con magíster en Derecho Penal y Procesal Penal (Universidad Alberto Hurtado), acumula más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público, con foco en alta complejidad y crimen organizado. Entre sus casos de alto impacto figura el juicio oral contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinoza. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
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El nuevo Fiscal Jefe asumirá funciones el 5 de enero de 2026, fecha desde la cual coordinará la instalación y organización de la Fiscalía Supraterritorial. La unidad dependerá directamente del Fiscal Nacional y contará con atribuciones reforzadas para coordinar equipos y estrategias de persecución penal a nivel nacional.
Según informó la Fiscalía Nacional, el objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar fenómenos criminales que trascienden fronteras regionales y nacionales, articulando investigaciones complejas en delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, corrupción pública y delitos económicos.
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