Durante este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió al reportaje que reveló que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) registrada como detenida desaparecida desde 1973, estaría viviendo actualmente en Argentina.

La versión oficial, consignada en el Informe Rettig, establecía que Vera había sido detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en octubre de 1973. Sin embargo, otras fuentes planteaban que logró escapar hacia Argentina y más tarde obtener residencia en Suecia, donde fue nacionalizada en 1984. Su paradero en Argentina fue constatado por un equipo de Chilevisión.

Desde la cartera explicaron que el caso ha sido objeto de una “larga y rigurosa” investigación administrativa del Programa de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, iniciada en 2024 a raíz del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del “episodio Liquiñe”, donde surgieron incongruencias en algunos testimonios.

Los detalles

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Ante esas inconsistencias, detallaron que el Programa remitió oficios a distintas instituciones —PDI, Registro Civil, Cancillería y ACNUR— entre mayo y agosto de 2024, sin obtener antecedentes. En abril de 2025 volvió a solicitarse información y en mayo de ese año Suecia entregó por primera vez documentos vinculados al caso.

El ministerio precisó que la información recibida “no es concluyente” para acreditar que la persona identificada como Bernarda Vera sea efectivamente la víctima calificada por la Comisión Rettig, al carecer de trazabilidad documental y datos biométricos. Aun así, los antecedentes fueron remitidos al ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, quien abrió un cuaderno reservado.

“Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada”, señaló la cartera.

El ministerio añadió que este trabajo permitió también relevar el caso de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de Arica, que fue calificado por la Comisión Rettig, pero quedó fuera de los registros oficiales por un error de transcripción. Ambos casos ya fueron informados a tribunales.

Además, el ministerio subrayó que la investigación seguirá con “el mismo rigor y responsabilidad” y criticó que la cobertura televisiva omitiera la información entregada previamente por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo de Chilevisión.