Corte reconoce la hondura del daño: elevan reparación a víctima de torturas y vejámenes en dictadura

Había pasado demasiado tiempo desde que el reloj se quedó pegado en una celda. A Luis Floridor Valenzuela Valenzuela lo privaron de libertad y, mientras el minuto se volvía piedra, llegaron los vejámenes y las torturas. Años después, el expediente encontró su cauce: la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Fisco y subió la indemnización por daño moral. Donde antes decía $12 millones, ahora dice $25 millones. No es una suma que devuelva el aire, pero sí un reconocimiento más cercano a la hondura del daño.

La resolución –dictada el 5 de septiembre de 2025 por la Séptima Sala– reproduce la sentencia de primera instancia, pero sustituye el monto en el fundamento trigésimo sexto: el guarismo original queda reemplazado por “$25.000.000 (veinticinco millones de pesos)”. La clave, anota el fallo, está en la “extensión del tiempo” en que la víctima estuvo privada de libertad, y en los “distintos vejámenes y torturas” sufridos en ese lapso, razones por las cuales el tribunal estima procedente aumentar la reparación.

No se trata solo de corregir una cifra. La Corte confirma la sentencia del 22 de octubre de 2024 dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago (rol C-3118-2022), y declara que la indemnización por daño moral que debe pagar el Fisco de Chile a Valenzuela asciende a $25 millones. Es, en la práctica, una ratificación de la falta de servicio y, a la vez, una señal sobre cómo ponderar el sufrimiento prolongado cuando los abusos provienen del poder público.

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La sentencia está firmada electrónicamente y fue notificada por el estado diario, en un gesto administrativo que contrasta con el contenido de fondo: ahí donde los papeles consignan artículos y folios, el tribunal deja constancia de un dolor específico y comprobado. El tiempo de cautiverio –dice la Corte– no fue una espera pasiva sino un período activo de maltratos, suficiente para elevar el estándar reparatorio fijado en la instancia anterior.

El conjunto de jueces –José P. Rodríguez M., Tomás Gray G. y el abogado integrante Jorge Benítez U.– suscribe el criterio: la justicia civil, tantas veces acusada de fría, encarna aquí en una decisión que recalibra la proporcionalidad entre el hecho y su compensación. No reescribe la historia, pero advierte que la memoria del sufrimiento también se mide, y que la moneda judicial debe acercarse a la verdad de los hechos.