“Llamó hasta el contralor”: Fiscalía acusa gestiones indebidas de Orrego para apurar convenios
El requerimiento de desafuero sostiene, con chats de su equipo y ProCultura, que el gobernador habría intervenido para acelerar la toma de razón y destrabar $1.690 millones. Orrego mantiene la presunción de inocencia.
“Llamó hasta el contralor”: Fiscalía acusa gestiones indebidas de Orrego para apurar convenios / Diego Martin
Fiscalía ingresó una solicitud de desafuero contra el gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. El requerimiento —presentado por el fiscal de Alta Complejidad, Eduardo Ríos, y el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios— busca habilitar su formalización y la imposición de medidas cautelares por los delitos consumados de fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente.
Según el escrito de más de 70 páginas, el Ministerio Público sostiene que Orrego “abusó de su cargo” al intervenir en la suscripción de convenios y traspasos de fondos a la Fundación ProCultura “sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia” para ejecutar los proyectos adjudicados. El perjuicio fiscal estimado por los persecutores asciende a $1.690.388.000.
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La presentación incorpora mensajes de WhatsApp entre la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano, Evelyn Magdaleno, y la exdirectora de ProCultura, María Teresa Abusleme. En esos chats se consigna que “el gobernador ha llamado hasta el contralor”, en referencia a Jorge Bermúdez, entonces titular de la Contraloría General. Para la Fiscalía, estos intercambios revelarían una gestión directa para “acelerar indebidamente” la toma de razón del convenio y así asegurar la liberación de recursos públicos, consigna T13.
De acuerdo con el requerimiento, ese contacto se habría producido el 5 de octubre de 2022, seis días antes de que Contraloría visara formalmente el acuerdo que permitió el traspaso de fondos. La tesis fiscal es que existió una intervención irregular del gobernador en un proceso administrativo clave para la ejecución de los proyectos con ProCultura.
El libelo también releva vínculos previos entre Orrego (ex DC) y el psiquiatra Rafael Larraín, igualmente imputado en la causa. Ambos compartieron militancia y colaboración cuando Orrego fue alcalde de Peñalolén, relación que —según la Fiscalía— se mantuvo en etapas posteriores. El documento incluso afirma que Larraín habría extendido una licencia médica falsa a Orrego para justificar una ausencia laboral cuando este ejercía funciones públicas.
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