Listo para ser ley proyecto de espacios públicos seguros para mujeres: así cambiarán calles, plazas y espacios abiertos

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría (112 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones) el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para garantizar que la planificación urbana incorpore criterios de seguridad y accesibilidad, con especial atención a mujeres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

Tras culminar su tercer trámite constitucional, la iniciativa quedó lista para ser promulgada como ley por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

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La norma, impulsada por las diputadas de Renovación Nacional Carla Morales, Ximena Ossandón, Marcia Raphael y María Luisa Cordero, establece que la Política Nacional de Planificación Urbana y los instrumentos de planificación territorial deberán incluir medidas de prevención situacional para mejorar la visibilidad, reducir riesgos y fortalecer la seguridad en calles, plazas y espacios comunes.

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¿Qué cambia?

Entre sus disposiciones, se incorpora un nuevo artículo 27 bis y un literal al artículo 105 de la ley, que define requisitos de diseño y gestión urbana orientados a prevenir delitos, considerando el sexo, edad y condición de discapacidad de las personas. Además, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones podrá fijar mecanismos de reporte y seguimiento periódico para verificar su cumplimiento.

Las medidas incluyen mejorar la iluminación, optimizar el uso del suelo, garantizar accesibilidad universal y promover la cohesión territorial con criterios de sustentabilidad y eficiencia energética. La ley también exige que el diseño urbano contemple la integración social y que los entornos sean saludables y seguros para todos los grupos etarios y condiciones físicas.

El texto, inicialmente enfocado solo en mujeres, fue ampliado para beneficiar a otros sectores vulnerables, reconociendo que todos enfrentan riesgos similares en el espacio público.

Con su entrada en vigencia, las ciudades estarán obligadas a planificar y construir considerando la seguridad y accesibilidad como criterios centrales, marcando un cambio estructural en la forma de diseñar el espacio público en Chile.