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Ciudadanía Inteligente por juicio del caso SQM: «El responsable de la dilación del caso es la propia empresa Soquimich»

Octavio del Favero, director ejecutivo de la fundación, planteó un desafío para Ángel Valencia: este juicio "resulta una prueba crucial para ver si es que hay un cambio de mano en la Fiscalía Nacional".

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Octavio del Favero, de Ciudadanía Inteligente, por Caso SQM - ADN Hoy - 2 de febrero de 2023

11:57

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El miércoles pasado, comenzó la audiencia de juicio oral en contra del exministro Pablo Longueira y el presidenciable Marco Enríquez-Ominami por el Caso SQM de financiamiento ilegal de la política. El procedimiento tuvo que ser postergado por una falta en el documento «auto de apertura»: el juez a cargo de este estaba de vacaciones. 

Es uno de los casos más mediáticos del mundo político de los últimos años. Para Octavio del Facero, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, el principal responsable de la dilación del caso, que ha estado en el debate público por siete años, está en «la propia empresa Soquimich», según dijo en ADN Hoy este jueves. Y agregó:

«En esta causa se han investigado cerca de 200 personas que de alguna forma han estado siendo involucradas por algún tipo de pago, boletas, según la propia fiscalía. Esto demuestra la magnitud de la empresa minera con el sistema político y quedó este caso de gran complejidad. De esas 200 personas, solo ocho llegan a la instancia de juicio oral. Ha sido un juicio complejísimo, con muchísimas aristas, muchísima demora. Eso está detrás de la demora del caso».

En concreto, fueron 195 los que estuvieron en la posición de ser investigados. De ellas, algunas han pasado por juicios abreviados, lo que no ha permitido que se revele más información de este entramado político-económico. «Y la otra gran mayoría de las personas han sido sobreseídas o con salidas condicionales. La más emblemática es SQM (como persona jurídica), que llegó a acuerdo con la Fiscalía: llegó a una multa menor y se libró de toda responsabilidad penal por casos de soborno. Ha habido muchas derivadas, muchos caminos y cada uno tiene sus propias condiciones que ha demorado el proceso».

A ello se suma también intentos de distintos sectores políticos de entorpecer el procesamiento: «Como el exministro del Interior Rodrigo Peñailillio, y hay mucha documentación de cómo muchos sectores políticos buscaron impedir esta investigación neutralizándola, haciéndola lo más pequeña posible, y muchas de las causas tuvieron que ser sobreseídas por la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) que no permitió que la fiscalía pudiese avanzar con sus investigaciones, y la prescripción de los casos».

«Hubo muchas piedras en el camino y los que llegan hoy son los que el SII logra querellarse, lo hizo a tiempo. Y casos como el de Pablo Longueira, donde no se investigan delitos tributarios, sino de corrupción y cohecho, soborno, por parte de Contesse, que son delitos de corrupción que la fiscalía puede perseguir directamente, sin impedimento», añadió luego.

Los casos en números

Si se suman SQM, Penta y Corpesca, el total de investigados son 260. De ellos, solo el 12% recibió algún tipo de condena vía juicio abreviado. «Es una cifra demasiado baja para la gravedad de los hechos y cómo afecta la confianza de las instituciones y la democracia por parte de la ciudadanía«, resumió Del Favero.

Este caso, el de SQM, es a juicio del también abogado «la única oportunidad del sistema de justicia para mejorar el balance. Y ocurre en los primeros meses de mandato del nuevo fiscal nacional. Resulta una prueba crucial para ver si es que hay un cambio de mano en la Fiscalía Nacional respecto al tratamiento de estos casos y que tienen en este juicio la oportunidad de mejorar el balance y reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

En el caso de Penta, para el director ejecutivo, «la fiscalía fue muy laxa»; «¿Por qué es tan importante (el juicio oral)? Porque es público, podemos ver y se exponen las pruebas y podíamos conocer los funcionamientos del financiamiento ilegal de la política. En otros casos, como SQM, una suspensión condicional es un acuerdo de la fiscalía con el imputado. Creemos que en algunos casos no se persiguió con tanta rigurosidad. La excepción es el caso Corpesca, donde se desbalancea y nos deja la sensación que con la voluntad adecuada se podían perseguir estos delitos».

Con todo, hoy las partes tienen la posibilidad de defenderse y exponer sus argumentos. Solo queda esperar.

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