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Cámara de Diputados votará este martes la acusación constitucional contra el ministro del Interior

Víctor Pérez tendrá la oportunidad de defenderse ante los parlamentarios antes de la votación.

Cámara de Diputados vota este martes la acusación constitucional contra ministro del Interior

Cámara de Diputados vota este martes la acusación constitucional contra ministro del Interior

A las 10:00 horas de este martes está agendado el inicio de la sesión especial en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que se analizará y votará la acusación constitucional presentada por 14 parlamentarios contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

En la oportunidad, los miembros de la comisión que ya revisó el libelo acusatorio, tendrán la oportunidad de exponer los principales puntos del informe que fue aprobado en dicha instancia parlamentaria para informar al resto de los diputados de sus consideraciones.

Además, el ministro o su abogado, podrán hacer uso de la palabra para responder a los puntos que se indican en la acusación, lo que después dará pie a las palabras de los parlamentarios y finalmente la votación.

El ministro Pérez fue acusado entre otras cosas por el paro de camioneros y el control del ministro de Carabineros, lo que se acentuó luego que un funcionario de la policía uniformada participara en la caída de un adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho desde el puente Pío Nono, el 2 de octubre pasado, en el marco de protestas que se realizaban en el centro de Santiago.

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Apoyo del Ejecutivo y votación

En tanto, el gobierno en pleno, encabezado por el propio Presidente Sebastián Piñera han apoyado al ministro públicamente. De hecho, este lunes, el Mandatario llamó a los parlamentarios a que «no acusen a una persona inocente».

Mientras, no está claro todavía si la oposición cuenta con los votos para lograr la aprobación del libelo acusatorio, y de ser así, pasaría al Senado donde se revisará nuevamente.

De aprobarse en el Senado, Víctor Pérez sería destituido del cargo de forma inmediata y quedaría inhabilitado para ejercer o postular a cargos públicos por cinco años.

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