Defensor de la Niñez y crisis educativa en Atacama: «Estamos evaluando la eventual interposición de recursos judiciales»

El pasado 24 de octubre, y luego de tres intentos, el Senado ratificó al abogado Anuar Quesille Vera como el nuevo Defensor de la Niñez.

Desde que llegó al cargo, diversos hechos asociados a niños, niñas y adolescentes se han registrado en el país, siendo uno de los más graves la crisis educativa en Atacama, el cual ha dejado a miles de niños sin clases por más de 50 días.

Sobre esto conversó en ADN Hoy el propio defensor de la niñez, quien señaló que «estamos evaluando la eventual interposición de recursos judiciales que permitan restablecer el imperio del derecho».

«Nosotros no tenemos sede en Atacama, pero nuestra sede regional en Coquimbo ha realizado distintas gestiones para poder ejercer nuestra facultad de intermediación entre el servicio local de Educación Pública, el Colegio de Profesores y la Seremía de Educación», agregó.

«Nos hemos reunido también con los centros de padres de los establecimientos educacionales para buscar vías de solución», prosiguió.

En esa línea, Quesille expresó que el rol de la Defensoría de la Niñez en este caso «no es reemplazar la institucionalidad existente, no es reemplazar el rol del Ministerio de Educación, ni del Congreso, ni de los Tribunales de Justicia, sino que es, en términos bien coloquiales, como respirar en el oído a las instituciones del Estado para que la institucionalidad funcione y se coordine».

Proyecto de nueva Constitución

El defensor de la niñez también abordó el proyecto de nueva Constitución, el cual fue entregado el pasado martes 7 de noviembre al Presidente de la República, Gabriel Boric.

Al respecto, Anuar Quesille partió enfatizando que «Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que no reconoce a los niños, niñas y adolescentes en su Constitución vigente».

«Y uno de los principales desafíos que se miraban desde los distintos procesos constitucionales era contar con una norma que estableciera el mandato de la convención sobre los derechos del niño, que es que los derechos del niño se establecieran al más alto nivel jerárquico normativo posible», añadió.

Respecto a la propuesta de nueva Carta Magna, el defensor sostuvo que «si uno mira el texto, podemos ver que existe una norma que hace referencia al interés superior de niños, niñas, y adolescentes«.

«Pero, por otra parte, no existe ninguna norma constitucional en el sentido de decir ‘niños, niñas, y adolescentes son personas titulares de derechos’, que le reconoce esta propia constitución», destacó.

«Acá la norma evidentemente establece el interés superior, pero el hecho de que no exista un reconocimiento explícito de la niñez como sujeto de derechos, impide que esta idea de construcción del sistema integral quede dotado de armonía, y tampoco queda dotado de coherencia normativa», aseveró.

En esa línea, el abogado reveló que «algunos sectores políticos que están a favor del texto constitucional han reconocido que esta es una de las normas que requieren trabajo, que requieren mejora», puesto que los derechos de NNA «no está en la constitución vigente, y tampoco quedó entonces plenamente explicitado en la propuesta«.

Incendio en Coronel

Finalmente, Quesille se refirió al fatal incendio en una toma en Coronel que dejó 14 personas muertas, entre ellas 8 adultos y 6 menores de edad, todos de nacionalidad venezolana.

Sobre esto, comentó que «estamos frente a una consecuencia de un desafío muy importante que enfrenta el Estado, en relación con los niños, niñas y adolescentes, en particular con aquellos que viven en un contexto de movilidad: migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, y es el acceso a sus derechos sociales«.

«Esto no tiene que ver con validar ninguna forma de migración clandestina, ni de irregularidad migratoria, sino que estamos pensando en un modelo de estado donde se garantice una migración segura, ordenada, y regular«, agregó.

«Pero en el cumplimiento de ese mandato, hay que ser intransigente en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, y particularmente con niños, niñas, y adolescentes«, dijo el abogado.

En ese sentido, el defensor manifestó que «vamos a realizar un catastro de aquellas familias que aún permanecen en el campamento, que son cerca de ciento ochenta familias, en su mayoría migrantes, que están viviendo en esas condiciones, para poder otorgar este piso de protección social, donde pueda haber un acceso a los derechos que la propia ley les reconoce».

«Actualmente, Chile no cuenta con datos del número de niños, niñas y adolescentes migrantes en el país, pese a que se han hecho esfuerzos importantes para avanzar en tener un catastro», apuntó.

«Entonces, la condición de regularidad migratoria no es una excusa para negar el acceso a un derecho social«, cerró.