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CDE responde a dueños de la ex Fuente Alemana por demanda: “No es verdad que el Estado haya estado ausente”

Los dueños de la popular fuente de soda solicitan 1200 millones de pesos por conceptos de reparación del perjuicio patrimonial y moral tras el estallido social.

Fuente Alemana

Fuente Alemana

En agosto de este año, la familia duela de la ex Fuente Alemana, ubicada en las cercanías de Plaza Baquedano, ingresó una demanda en contra del Estado por 1200 millones de pesos, por conceptos de reparación del perjuicio patrimonial y moral que dicen haber sufrido desde 2019, a raíz del estallido social.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó a la acción legal presentada por Carlo Siri, señalando que “no es verdad que el Estado haya estado ‘ausente’ en el barrio en cuestión, o que las autoridades simplemente hayan ‘decidido’ dejar a los locatarios de Plaza Baquedano y sus alrededores a merced de su suerte, por tratarse de una ‘zona de sacrificio’».

«La verdad es que la fuerza policial siempre ha estado presente en dicho lugar, tanto con personal, vehículos especializados, como vigilancia vía remota mediante cámaras, respondiendo a un análisis técnico y sistémico”, señala el escrito, según publica La Tercera.

Desde el CDE argumentan que la apreciación de los dueños de la fuente de soda inaugurada en 1958 es «inexacta e injusta», ya que el deterioro económico que argumentan no se debería únicamente a los hechos ocurridos desde el 18 de octubre del 2019.

Cerca de 3.000 negocios han tenido que cerrar por las circunstancias sociales

“El adecuado posicionamiento de lo sucedido nos fuerza a constatar que el potencial económico del barrio Plaza Baquedano o Plaza Italia venía experimentando una merma gradual y paulatina desde antes del estallido social, al convertirse en un centro neurálgico de manifestaciones masivas de distinta índole, fenómeno que ciertamente se agudizó notoria y abruptamente a partir del 18 de octubre de 2019″, continúa el escrito.

El órgano que vela por los recursos del Estado señaló que la indemnización requerida es desmesurada, ya que “es un hecho público y notorio que cerca de 3.000 negocios han tenido que cerrar por las circunstancias sociales, políticas y económicas que han golpeado a nuestro país en los últimos años. Mientras, negocios como la Antigua Fuente siguen funcionando, caminando a una nueva normalidad; miles de otros no tuvieron la misma suerte y debieron detener su giro comercial”, dicen.

Con esta respuesta, se inicia una pugna judicial que puede ser de larga data, para que el Estado considere pagar algún montón en concepto de reparación, lo que puede abrir una puerta a otros locales que se encuentren en una situación similar.

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