Bienes Nacionales por video de turista sacada de playa en Puerto Montt: «Hay un empoderamiento de la ciudadanía que sabe que en Chile no hay playas privadas»

La viralización de un video en playa Metri, en Puerto Montt, donde una mujer echa a otra de donde estaba asegurando que ese sector es privado, ha traído al debate público un tema que, de un tiempo a esta parte, se ha transformado en un cambio cultural: las playas son de todos los chilenos, nadie es dueño de ninguna. Así lo establece el Código Civil, en el artículo 594, y así también lo defienden quienes denuncian públicamente esta clase de situaciones. Por lo mismo conversó en ADN Hoy el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, durante la mañana de este miércoles.

«Este video es muy triste, porque después de todo lo que se ha hecho, lo que ha pasado y lo que se ha dicho, que sigamos teniendo casos como este es muy lamentable. Hay muchas cosas que clarificar, pero creo que nadie quiere ser grabado ni tratado como a la persona que graba. Incluso si fuera propiedad privada y hay alguien que no se quiere ir, uno llama a Carabineros, no amenaza con armas. Hay una parte penal y otra de Bienes Nacionales y saber si es espacio público o no», señaló de entrada el secretario de Estado.

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El titular de la cartera reconoce que ha habido «un cambio cultural respecto a las playas, principalmente por el empoderamiento de la ciudadanía. La ciudadanía sabe clarito que en Chile no hay playas privadas y que todas son públicas, además que pueden llegar a ellas con tranquilidad».

Sin embargo, hay una distinción entre el acceso y los servicios que, por ejemplo, empresas erigidas cerca del mar puedan brindar: «Antes, cuando cerraban accesos a las playas, no había multas; el gobierno promovió que eso se multara para que no fuera letra muerta. Estamos en una campaña también de que nunca te pueden cobrar por llegar a la playa: por ejemplo, los campings te pueden cobrar por estacionamientos, por baños, pero nunca por llegar a la playa. La invitación es a denunciar».

Las multas a las que se expone alguien que cierra el acceso a la playa va entre los $500 mil y los $5 millones.

Por lo pronto, y volviendo al video de la situación ocurrida en Puerto Montt, existen dos pasos en concreto que se deben tomar en casos así: primero, en caso de agresión o amenazas, la víctima debe hacer la denuncia a Carabineros. Eso, desde el punto de vista penal. Luego está lo del mar.

«Respecto a las playas, a veces la gente se desanima y dicen: ‘por qué hacerlo, si todos los años es lo mismo’. Un ejemplo es Villarrica: mucha gente construyó ramplas para bajar a sus embarcaciones, sus lanchas, pero algunos construyeron toda la tendiente y en su casa nada y eso afecta a las personas, por ejemplo, con alguna situación especial de movilidad. Con la Armada empezamos a fiscalizar. Las playas siempre ha estado en el Código Civil como bien de uso público. Pero en Chile hay muchos terrenos, especialmente en el sur, donde los títulos de dominio dice: ‘llega hasta el Pacífico’ o ‘llega hasta el Llanquihue’. Que llegue hasta el lago no significa que llegue hasta el agua, sino hasta la playa. Eso hay que revisarlo caso por caso», precisó el ministro Isamit.

En línea con lo anterior, aclaró que la playa no es arena, sino hasta dónde llegan las altas mareas, como señala la ley. Y que como cada caso requiere ser revisado en su particularidad, hay además otro factor a considerar: «La situación va cambiando: en Llanquihue ocurrió que disminuyó el agua, producto del cambio climático, y la gente agrandó su terreno porque la playa o la línea de playa se agrandó».

Serán, sin duda, parte de los desafíos para los próximos años.

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