Coordinador del Observatorio Nueva Constitución: «Aplazar el trabajo de la Convención no sé si le haría bien a ella ni al gobierno que entra»

El tema de los plazos sobre el trabajo en la Convención Constitucional (si cumplirán o no con el calendario autoimpuesto) vuelve cada cierto tiempo al debate público. El abogado constitucionalista y coordinador del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, conversó en ADN Hoy sobre las proyecciones del órgano redactor, a solo pocas semanas de la entrega del primer borrador.

«Cada ciertos meses volvemos a conversar lo mismo, pero está determinado por varias cosas: uno, el avance efectivo de aquí a fines de marzo. Técnicamente a fines de abril debería estar listo el primer borrador; mayo y junio son los meses de armonización. Por lo tanto, lo que viene la primera semana de abril nos va a determinar claramente cuál es el escenario real», señaló de entrada.

Según sus cálculos, la Convención lleva un 25% de avance aproximadamente. «Si uno calcula, estamos justos en los tiempos. Aplazar su trabajo no sé si le haría bien a la propia Convención ni al gobierno que va a entrar», planteó.

Diálogos

A juicio de Jordán, el pleno ha cumplido un rol moderador: «Ha hecho que las vueltas (de las propuestas de normas) en las comisiones sean de acuerdos. Por ejemplo, en la comisión de Forma de Estado, donde la asamblea legislativa tenía potestades iguales al Congreso y a veces lo suplantaba. Volvió a la comisión, se tuvo que negociar y la propuesta de vuelta fue que sean ejecutoras de las leyes que el Congreso dicte. Se han dado muestras de una voluntad de moderación, de voluntad de diálogo y hoy estamos en un escenario de conversación permanente entre los convencionales».

Otro ejemplo de acuerdo podría ser el del pluralismo jurídico, que estableció dos sistemas de justicia: el nacional y el para pueblos originarios. Sin embargo, señaló el constitucionalista, «requiere ajustes porque es necesario señalar quiénes van a ser, cuáles serán las autoridades, las materias, etc. Lo claro está en que coexistirán el de los pueblos basado en sus propias costumbre (cómo han resuelto sus problemas anteriormente) y el nacional».

Lo pendiente está en el rol de la Corte Suprema, las partes que podrían utilizar el sistema indígena, los delitos (que sean los históricos y no los nuevos) y finalmente las materias, aunque, explicó Jordán en un ejercicio de derecho comparado, que los habituales son «cuestiones de familia, cuestiones civiles-comerciales entre personas que pertenecen a los pueblos, y otros delitos como robo o hurto que son tradicionales«.

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