Protestas en Perú: Representante de la ONU alertó de «procedimientos incompatibles con la normas de Derechos Humanos»
Tras la destitución de Martín Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino, en Lima se han realizado diversas manifestaciones en contra del gobierno interino, marcadas por la acción policial que ha generado preocupación desde organismos internacionales.
Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, expresó su preocupación ante las protestas que se realizan en Perú tras la destitución de Martín Vizcarra, acusado de presunta corrupción, y el nombramiento de Manuel Merino a la cabeza de un gobierno provisional.
El delegado del organismo internacional señaló que el país vecino «debe garantizar el derecho a la reunión pacífica», así como el resguardo a los Derechos Humanos, y que su oficina ha recibido «información inquietante» sobre el actuar de las fuerzas de orden.
“La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, remarcó Jarab en un comunicado.
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Agregó que “nuestra oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de Derechos Humanos”.
El representante de la ONU también recordó que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso y a contar con un abogado defensor desde el momento de la detención y la notificación de sus familiares.
Como ejemplo, Jarab expuso el caso de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien estuvo privado de libertad durante 17 horas, en una detención calificada como «arbitraria» y de criminalización.
“Con su labor, el Sr. Rodríguez vela porque se garantice el derecho de las personas detenidas a la defensa legal. Insto a las autoridades a que la investigación en su contra se realice de forma independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de Derechos Humanos”, sostuvo el delegado.