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Asociación de Industriales Pesqueros: «Hay un profundo desconocimiento, derechamente falsedades y eslóganes que carecen de realidad»

El gremio criticó el avance en la Cámara del proyecto que busca anular la polémica Ley de Pesca.

Asociación de Industriales Pesqueros: «Hay un profundo desconocimiento, derechamente falsedades y eslóganes que carecen de realidad»
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La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) hizo sus descargos tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que anula la Ley de Pesca. Dicha norma fue cuestionada por atentar contra el interés nacional, la seguridad de la alimentación y los derechos de los pueblos originarios, además de ser objeto de críticas por presiones indebidas y falta a la probidad.

Desde el gremio pesquero alegaron que la iniciativa es un «retroceso para el respeto a la institucionalidad vigente«. “Pese a las indicaciones para mantener transitoriamente la ley mientras se discute —eventualmente— otra, esto es de la mayor gravedad”, señaló Macarena Cepeda, presidenta de Asipes.

Hoy la actividad pesquera industrial, productora de alimentos, literalmente está sosteniendo el empleo y los ingresos de miles de familias a lo largo de Chile, empleando los servicios de cientos de pequeñas y medianas empresas y recibiendo materia prima de una enorme cantidad de proveedores de la pesca artesanal», remarcó la asociación mediante un comunicado.

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Agregaron que “lo que hoy oímos en la Cámara de Diputados nos muestra que hay un profundo desconocimiento, derechamente falsedades y eslóganes que carecen de realidad”.

En tanto, los Pescadores Industriales del Biobío se manifestaron en contra de la idea de anular leyes, aunque valoraron que se planteara mantener el actual cuerpo legal mientras se discute una nueva norma.

“Por ello queremos ver una oportunidad en la discusión legislativa pesquera que se viene y que sirva para conocer y valorar a la pesca industrial, derribar mitos y darle legitimidad a nuestra actividad”, indicaron desde dicha agrupación.

Cabe destacar que el Gobierno hizo una reserva de constitucionalidad tras el avance de este proyecto, por lo que podría llegar al Tribunal Constitucional (TC).

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