Cambio de última hora en la megareforma: gobierno ingresa norma que aumenta la reducción del impuesto corporativo al 22%
El Ejecutivo ingresó una modificación de última hora que baja un punto más de lo planteado originalmente en la
Jorge Quiroz | FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra
El Gobierno ingresó este jueves una sorpresiva indicación a la megarreforma económica que se tramita actualmente en el parlamento. La modificación de última hora establece una rebaja definitiva del impuesto de primera categoría a un 22%, reduciendo drásticamente la tasa actual fijada en un 27%.
Esta reducción impositiva altera directamente el núcleo del proyecto de Reconstrucción Nacional. Las nuevas inversiones acogidas a la invariabilidad tributaria pagarán un 23,5% en total, cifra que unifica el nuevo gravamen corporativo base y una sobretasa permanente del 1,5%.
De acuerdo a los fundamentos expuestos en el documento legislativo, esta disminución busca equiparar la carga fiscal de Chile con el promedio de los países de la OCDE. El texto oficial argumenta que la medida representa un mecanismo necesario para blindar las inversiones foráneas y dar un impulso sustancial al crecimiento local.
Invariabilidad proporcional y montos
Según detalla el articulado oficial, un reciente acuerdo político estructuró un sistema escalonado para congelar las condiciones tributarias. El escrito gubernamental estipula que los proyectos que inyecten entre US50 y US100 millones mantendrán sus reglas intactas durante 10 años.
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Los tramos de financiamiento superior extenderán considerablemente este beneficio temporal. La iniciativa precisa que los desarrollos de hasta US$350 millones asegurarán 15 años de estabilidad, mientras que los megaproyectos que superen ese techo financiero gozarán de un máximo de 20 años de invariabilidad.
Requisitos estrictos y exclusiones legales
El informe advierte explícitamente que este régimen no blindará a las compañías frente a la totalidad de las eventuales modificaciones impositivas. El borrador legal aclara que los futuros cambios en el IVA, los tributos municipales, los impuestos verdes o el royalty minero se aplicarán sin excepciones.
Finalmente, el marco normativo exige que los titulares demuestren la capacidad financiera real para ejecutar las obras y la procedencia lícita de sus capitales. La propuesta obliga a las corporaciones, que no deben registrar delitos tributarios previos, a presentar informes detallados sobre su impacto en el empleo y su relacionamiento territorial.
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