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Coletazos por investigación de niños haitianos: Contraloría pide al CDE querellarse por filtración de polémico preinforme

El ente fiscalizador busca perseguir penalmente el delito de revelación de secreto tras la filtración de un documento con claves cifradas.

Contraloría General de la República

Contraloría General de la República / Diego Martin

La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la presentación de una querella criminal por la filtración de un documento reservado. La drástica acción legal busca identificar, perseguir y sancionar a los responsables de revelar el preinforme vinculado al denominado “caso niños haitianos”.

El texto filtrado a mediados de junio alertaba sobre graves desórdenes administrativos en diversas reparticiones públicas, desatando una crisis inmediata en La Moneda ante el presunto extravío de 64 menores. Pese al revuelo inicial y las alertas por eventual tráfico humano en vuelos chárter, la policía civil logró ubicar rápidamente a todos los involucrados en buenas condiciones.

Archivos cifrados y la acción del CDE

De acuerdo con la información confirma a Radio ADN, el documento original fue derivado durante los primeros días de abril a la PDI, Migraciones y la Subsecretaría de la Niñez. Según detalló Reportajes de Canal 13, la institución fiscalizadora despachó los archivos bajo un estricto protocolo de seguridad, utilizando un anexo cifrado y claves distribuidas exclusivamente en sobres sellados.

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Según los antecedentes del requerimiento, la petición ingresada el pasado viernes invoca la “defensa fiscal” para perseguir penalmente el delito de revelación de secreto. A través de este mecanismo institucional, la propia contralora busca hacerse parte de la causa y solicitar diligencias directas al Ministerio Público si los tribunales admiten el libelo.

El contexto de tensión interna

Finalmente, según detallan los registros públicos de la entidad, esta ofensiva judicial ocurre en medio de una serie de críticas al reciente dictamen de la contralora Dorothy Pérez. Dicha resolución administrativa había establecido previamente que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones legales al solicitar un informe que detonó la salida de una alta funcionaria policial.

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