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Diputados RN denuncian al exdirector de Migraciones ante Fiscalía por presuntas irregularidades detectadas por Contraloría

La acción contra Luis Eduardo Thayer solicita investigar un eventual delito de prevaricación administrativa por irregularidades detectadas en el programa de reunificación familiar.

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

Los diputados RN Eduardo Durán y Andrés Celis presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, solicitando que se investigue su eventual responsabilidad por el delito de prevaricación administrativa.

La acción se produce tras el informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el Programa de Reunificación Familiar para niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana.

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La presentación judicial se basa en el documento final N.º 541/2025 del organismo, que concluyó que un memorándum interno emitido en 2024 permitió flexibilizar requisitos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería mediante una instrucción administrativa, excediendo las atribuciones legales del Servicio Nacional de Migraciones.

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Entre los hallazgos también se identificaron permisos otorgados con documentación que no cumplía las exigencias de legalización, además de otras deficiencias en los controles del programa.

El diputado Eduardo Durán sostuvo que, frente a las conclusiones de Contraloría, corresponde que la Fiscalía determine si existen responsabilidades penales. En la misma línea, Andrés Celis afirmó que la denuncia busca esclarecer si la emisión del memorándum configura un delito, señalando que será la justicia la encargada de establecer eventuales responsabilidades.

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Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

La acción judicial se conoce semanas después de que el exdirector Luis Thayer defendiera públicamente su gestión ante la comisión investigadora del Congreso. En esa oportunidad aseguró que las decisiones adoptadas durante su administración contaban con fundamento legal, tanto en la Ley de Migraciones como en el Estatuto Administrativo, y afirmó que sostendrá esa postura en las investigaciones administrativas y judiciales que se desarrollen.

Mientras tanto, la Contraloría ya instruyó sumarios en los organismos involucrados y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su análisis.

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