¿Flexibilidad o precariedad? Expertos advierten riesgo ante el retorno del debate por contratos por hora en el Senado
Especialistas apuntan a vacíos normativos en el proyecto que podrían trasladar la incertidumbre y el riesgo directamente al trabajador.
La Comisión de Trabajo del Senado reactivará la discusión del proyecto de ley iniciado en 2018 que busca incorporar una nueva modalidad de jornada laboral por horas en el Código del Trabajo. Si bien la iniciativa —que permite pactar bloques de hasta 120 horas mensuales o 30 semanales— surge como una alternativa para frenar el desempleo y formalizar sectores rezagados, diversos especialistas han encendido las alarmas respecto a los riesgos de precarización laboral que esconde su redacción actual.
El centro de los cuestionamientos apunta a que la flexibilidad prometida por el proyecto de ley no se convierta en una herramienta de desprotección para los trabajadores. De acuerdo con los expertos, el éxito de la reforma no radica en la flexibilidad en sí misma, sino estrictamente en el robustecimiento de las garantías que la acompañen.
Vacíos normativos e incertidumbre para el trabajador
Una de las críticas más severas proviene de Camila Cárdenas, directora de Litigación y socia de Soy Honorario, quien advierte que la propuesta legal, en su estado vigente, cuenta con importantes vacíos normativos. La especialista señala que la falta de una técnica legislativa adecuada y minuciosa arriesga un desequilibrio en la relación laboral, provocando que se termine trasladando la incertidumbre y el riesgo al eslabón más débil: el trabajador, en lugar de mitigar los riesgos del empleador.
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“La clave está en el sistema de protección que acompañe este proyecto, porque sin eso la flexibilidad puede transformarse en precariedad”, enfatizó Cárdenas, apuntando a que de no resolverse estas deficiencias se terminaría alejando por completo el objetivo de generar oportunidades laborales de calidad.
El desafío de fiscalizar los resguardos
El proyecto contempla ciertos mecanismos de mitigación, tales como la obligación de pagar al menos el 75% de las horas pactadas si el empleador decide no utilizarlas, y el castigo de presumir una jornada completa ante incumplimientos legales. Sin embargo, el debate técnico subraya que dichos resguardos serán insuficientes si no se implementa un modelo de fiscalización infalible.
Los analistas concluyen que, si bien la modalidad de distribución de jornada es una herramienta útil para la inserción, el peligro latente de que derive en esquemas precarios obligará al Senado a revisar detalladamente cada artículo para evitar que la urgencia por cifras de empleo formal menoscabe los derechos mínimos consagrados en el Código del Trabajo.
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