Marcel por AC contra Grau: “Si cada proyección es un riesgo de acusación, lo primero que harán es entregar menos información”
El exministro de Hacienda alertó ante la Cámara de Diputados sobre el peligro de retroceder en transparencia fiscal si se sanciona políticamente el margen de error técnico y lo tildó de “extraordinariamente riesgoso”
La comisión revisora de la Cámara de Diputados encargada de evaluar la procedencia de la acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, reanudó sus sesiones ordinarias la mañana de este miércoles. En esta oportunidad, la instancia legislativa recibió las declaraciones y análisis técnicos de su antecesor en el cargo, Mario Marcel, quien compareció acompañado por el actual director de Presupuestos de Chile (Dipres), José Pablo Gómez.
El exsecretario de Estado inició la veta expositiva detallando que el contenido de su presentación se estructuró en estricta consideración al tenor de la invitación formulada por el Congreso. Dicho requerimiento apuntaba a detallar, bajo su condición de extitular de la cartera, los supuestos aplicados sobre la evolución futura de las variables económicas, financieras y fiscales, además de evaluar su incidencia directa en las proyecciones de ingresos públicos y en el comportamiento de la deuda soberana durante el ejercicio de su mandato institucional.
En su argumentación conceptual, Marcel defendió el rol de las herramientas de planificación macroeconómica, puntualizando que “las proyecciones son esenciales para la gestión de la política macroeconómica”. El economista describió que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda operan de forma regular con estos modelos matemáticos para diseñar un escenario de mediano plazo, lo que exige estructurar supuestos consistentes entre sí que, desde hace un tiempo, son actualizados de manera trimestral por los equipos técnicos.
Contrastes estadísticos y defensa de la gestión de Boric
Con el objetivo de ilustrar la naturaleza de estos instrumentos, la exautoridad exhibió un catastro de las estimaciones formuladas por el ministerio entre los años 2014 y 2022. En dicho apartado gráfico, el expositor explicitó que el comportamiento histórico de los datos demuestra la existencia de diferencias recurrentes y muchas veces significativas entre las distintas proyecciones y la realidad material de la economía.
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Pese a ese margen de volatilidad inherente al mercado, Marcel reivindicó de forma enérgica los resultados de la planificación fiscal ejecutada bajo la administración del Presidente Gabriel Boric. El exjefe de las finanzas públicas aseveró ante los diputados de la comisión que, al revisar el trienio comprendido entre 2023 y 2025, el Ministerio de Hacienda fue el actor técnico más acertado de la plaza en sus proyecciones de crecimiento económico.
Advertencias sobre el impacto institucional de la AC
Al cierre de su alocución, Mario Marcel se enfocó en analizar el fondo del libelo acusatorio que pesa sobre Nicolás Grau, manifestando un severo diagnóstico político. El economista catalogó de “extraordinariamente riesgoso” el precedente de activar acusaciones constitucionales contra jefes de las finanzas públicas basándose en discrepancias o descalces en las estimaciones macroeconómicas.
A juicio de la exautoridad, la validación de esta herramienta de destitución generará dos efectos contractivos en la institucionalidad económica del país. Por una parte, advirtió que los futuros ministros de la cartera se verán expuestos a oleadas de presión política superiores a las habituales, bajo la amenaza permanente de ser acusados si una variable no coincide con exactitud con los hechos o si un agente externo calcula un indicador de forma distinta.
Por otra parte, el experto anticipó que Chile arriesga un grave retroceso en materia de transparencia y entrega de información fiscal. Marcel argumentó que, ante el peligro punitivo que representaría cada informe técnico, la primera reacción de las autoridades del futuro será restringir la entrega de datos públicos. Asimismo, alertó que la alternativa de adoptar un diseño presupuestario en extremo conservador para eludir acusaciones podría terminar distorsionando el debate fiscal, abriendo la paradoja de que se cuestione y persiga a un ministro por la misma falta de audacia económica.
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