Con 147 votos a favor: La histórica ley que permitirá a las policías vigilar de incógnito la seguridad de los menores de edad en la red
El texto, orientado a proteger a niños, niñas y adolescentes, pasa ahora a su segundo trámite en el Senado.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por una abrumadora mayoría de 147 votos a favor el proyecto de ley (boletín 16.857) que modifica el Código Penal.
El objetivo de la iniciativa es facultar y actualizar las herramientas policiales para permitir el uso de agentes encubiertos y agentes reveladores en internet, enfocándose en la persecución de delitos de carácter sexual cometidos en contra de menores de edad.
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El texto legal corresponde a una moción transversal impulsada por las diputadas Chiara Barchiesi, María Francisca Bello, Catalina Del Real, Gloria Naveillan y Flor Weisse; en conjunto con los diputados Stephan Schubert, Hotuiti Teao, Cristóbal Urruticoechea, y los exparlamentarios Marta Bravo y Harry Jürgensen.
Actualización de la norma penal a la era digital
La legislación actual ya permitía la interceptación de comunicaciones y el uso de agentes encubiertos para indagar delitos complejos como la explotación sexual infantil, así como la producción, distribución o almacenamiento de material pornográfico de menores de 18 años.
Sin embargo, el nuevo proyecto busca actualizar la normativa sumando la figura del agente revelador (una herramienta ya utilizada con éxito en investigaciones de crimen organizado y ley de drogas).
Asimismo, amplía la autorización judicial para perseguir el delito de determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual, o bien a presenciar, entregar o exhibir material pornográfico o de explotación.
Durante la discusión, la Sala también respaldó (por 80 votos a favor, 42 en contra y 25 abstenciones) una indicación clave respecto a la transparencia y fiscalización de estas medidas en el territorio nacional.
La indicación aprobada establece que las autoridades del Ministerio de Seguridad y las policías correspondientes deberán informar formalmente al Congreso Nacional, en el plazo de un año, sobre el estado actual de las capacidades de investigación regional respecto a estos delitos cuando sean cometidos en entornos digitales.
Tras superar con éxito este primer debate con un amplio consenso político, el texto será remitido oficialmente al Senado para dar inicio a su segundo trámite constitucional.
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