Justicia condena a planta de revisión técnica por dolorosa caída de clienta en La Florida: millonario monto

El Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente una demanda de indemnización de perjuicios presentada contra Revisiones Técnicas San Damaso SA, ordenando el pago de $5.000.000 por daño moral a una clienta que sufrió una fractura de tobillo al caer en una de sus instalaciones.

El accidente ocurrió en una planta ubicada en la comuna de La Florida, donde la afectada resbaló debido a una mancha de aceite que no estaba señalizada. La magistrada Rocío Pérez Gamboa estableció la responsabilidad de la empresa, al no adoptar medidas básicas para prevenir riesgos en el tránsito de personas.

En el fallo de primera instancia, el tribunal examinó los antecedentes presentados por la demandante y concluyó que, si bien la evidencia sobre las consecuencias posteriores del accidente fue limitada, sí existió un daño moral indemnizable.

No fue un descuido

“Es del caso que la prueba rendida por la demandante es exigua para demostrar una perturbación anímica más allá de lo que significó su hospitalización”, aunque agrega que “puede presumirse fundadamente que la afectación extrapatrimonial (…) se extendió al menos por algunas semanas”, dice la resolución.

Asimismo, la jueza descartó que la víctima tuviera responsabilidad en lo ocurrido, indicando que no se pudo acreditar negligencia en su comportamiento dentro del recinto. Por el contrario, se atribuyó la caída a fallas en la gestión del riesgo por parte de la empresa.

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El fallo es categórico al respecto: “No es posible atribuir la caída de la actora a un descuido (…) sino que a un descuido en cómo la demandada gestionó un aspecto elemental (…) como lo es eliminar o demarcar la existencia de una mancha de aceite”.

En cuanto al monto fijado, el tribunal consideró que la indemnización solicitada inicialmente excedía lo probado durante el juicio. Por ello, determinó ajustar la compensación a un criterio prudente, señalando que “la suma demandada resulta exorbitante para la actividad probatoria desplegada”, fijando finalmente el pago en $5 millones.