Contraloría contrata por trato directo blindaje de automóvil institucional para Dorothy Pérez

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, contrató mediante la modalidad de trato directo un servicio de blindaje balístico para el automóvil institucional, operación que significó una inversión fiscal de casi $28 millones. La información, firmada por el periodista Jorge Molina Sanhueza con fecha lunes 15 de junio de 2026, detalla que el nivel de protección asignado a la autoridad civil supera al que se aplica actualmente, por ejemplo, en los estamentos del Poder Judicial.

De acuerdo con las justificaciones formales incorporadas en la plataforma de compras del Estado, Mercado Público, la determinación se fundamentó en las exigencias propias del perfil del cargo. El documento técnico releva que las funciones de fiscalización de recursos públicos que lidera Pérez, sumadas al impacto e influencia que las resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR) ejercen en la opinión pública y en el aparato estatal, exponen a sus autoridades a escenarios de riesgo debido a su alta exposición nacional e internacional.

Consultada por el programa Informe Especial, la Contraloría aseguró de forma oficial que “la adquisición del servicio de blindaje surgió luego de la recepción de diversas comunicaciones consideradas de mayor riesgo”. La decisión contó con el respaldo técnico de análisis de potenciales riesgos elaborados por la Policía de Investigaciones (PDI) y por el Ministerio Público, organismo persecutor que ordenó además la ejecución de mejoras estructurales en las dependencias de la institución.

Fundamentos del trato directo y criterios de selección

La tramitación de la compra fue gestionada a través del departamento interno de la CGR encargado de la seguridad y el control de la flota vehicular a nivel nacional. El organismo seleccionó a la empresa Raptor SPA, firma que posee experiencia acreditable en contratos con instituciones de orden y seguridad. El mecanismo de trato directo, plasmado en la resolución exenta 18.852, se justificó debido a la inexistencia de proveedores de similares características dentro del catálogo vigente de Convenio Marco de Mercado Público.

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El documento exime el requerimiento de presentar un mínimo de tres cotizaciones previas, argumentando que la propuesta elegida resultó conveniente para los intereses de la entidad. Las especificaciones del blindaje balístico incorporaron los estándares técnicos sugeridos por la policía civil. Asimismo, la Contraloría precisó que la modalidad de contratación empleada no impone la obligatoriedad de seleccionar el menor precio del mercado, sino que faculta a privilegiar al proveedor que otorgue las mejores condiciones globales de seguridad y discreción.

Plan de reforzamiento y renovación de flota

Esta adquisición se inserta en un plan de incremento de las medidas de seguridad de Dorothy Pérez implementado de forma progresiva. Las acciones de protección contemplaron un aumento en la dotación de guardaespaldas destinados a su custodia personal y mejoras en los accesos de control del edificio institucional, ubicado en la calle Teatinos 56.

El reforzamiento del esquema de seguridad incluyó la compra por licitación de una camioneta SUV Toyota 4Runner de alto estándar, cuyo valor ascendió a $48 millones. Desde la Contraloría justificaron la renovación del vehículo fiscal argumentando el alza de la criminalidad organizada en el territorio nacional, sumado al hecho de que el automóvil institucional anterior registraba cerca de 10 años de antigüedad activa de servicio.