Diputados ofician a la Tesorería tras denuncias de deudores del CAE por vaciado total de sus cuentas bancarias
La bancada del Frente Amplio exige aclarar si las retenciones judiciales afectaron a personas de bajos ingresos, contradiciendo los montos informados públicamente por el organismo.
TGR - CAE
Una severa tormenta política estalló en los pasillos del Congreso, abriendo un inesperado e intenso flanco de críticas directas hacia la gestión del Ejecutivo. La bancada de diputados del Frente Amplio presentó este sábado un oficio fiscalizador dirigido a la Tesorería General de la República (TGR), motivada por graves denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que acusan el retiro y vaciado total de sus fondos desde sus cuentas bancarias en el marco de los recientes procesos de cobranza judicial.
De acuerdo con la colectividad, los dramáticos testimonios de los afectados dan cuenta de embargos y retenciones que han dejado “en cero” las cartolas de usuarios cuyas remuneraciones son ostensiblemente menores a los rangos de altos ingresos que el Gobierno había anunciado públicamente como blanco exclusivo de estas medidas coercitivas. Ante este escenario, el bloque parlamentario exigió formalmente a la TGR transparentar de manera inmediata los criterios técnicos y administrativos utilizados para definir a los deudores sujetos a estos drásticos castigos financieros.
El emplazamiento de Schneider por los sueldos de $750 mil
En el texto ingresado a la oficina de partes del organismo recaudador, los legisladores del Frente Amplio pidieron conocer con exactitud cuáles son los tramos de ingreso considerados para aplicar los embargos, emplazando a la Tesorería a confirmar si estas retenciones se limitaron efectivamente a personas con ingresos superiores a los $5 millones mensuales, tal como las autoridades habían señalado en los medios de comunicación. Asimismo, exigieron antecedentes sobre la existencia de algún mecanismo interno de resguardo para evitar que los ingresos mínimos de subsistencia resulten dañados por los tribunales.
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La diputada y jefa de la bancada frenteamplista, Emilia Schneider, criticó con dureza el diseño de la cobranza gubernamental:
“Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días. (...) Más de la mitad de las y los deudores del CAE gana menos de 750 mil pesos. No vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades”, fustigó Schneider, comprometiendo una rigurosa fiscalización.
A los cuestionamientos de los diputados se sumó la presidenta del partido, Constanza Martínez, quien lanzó un duro dardo directo contra el criterio del Palacio de La Moneda en materia económica. “Las denuncias de que la Tesorería está sacando todo el dinero de las cuentas de personas con deuda del CAE son gravísimas. La misma semana en que rechazan levantar el secreto bancario para perseguir la plata del crimen organizado, dejan sin un peso a quienes menos tienen. El clasismo de este gobierno no solo es evidente: es inmoral”, fustigó la líder partidaria en conversación con La Tercera, adelantando que se encuentran evaluando nuevas acciones de protección jurídica.
El proyecto de ley que busca fijar un “umbral de protección”
Desde la tienda de izquierda recordaron que las alertas en torno a las vulnerabilidades de los profesionales endeudados no son nuevas. De hecho, el pasado mes de abril, las diputadas Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans ingresaron formalmente un proyecto de ley a la Cámara Baja con el objetivo de aliviar y regular el cobro a los deudores del CAE.
Dicha propuesta legislativa busca cambiar las reglas del juego de los contratos bancarios, incorporando criterios estrictos asociados a la capacidad real de pago de las personas, ponderando proporcionalmente sus niveles de ingresos y gastos mensuales. El corazón de la iniciativa legal apunta a establecer un umbral de protección absoluto para todos los deudores que registren sueldos menores a los $1,5 millones mensuales, prohibiendo por ley que este segmento sea objeto de embargos o retenciones de cuentas, asegurando que los procesos de cobranza ponderen la realidad socioeconómica del individuo y no únicamente el monto global de la deuda pendiente con el fisco.
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