Gobierno de Trump frena fondo de US$ 1.800 millones tras fallos judiciales y rebelión republicana
La Casa Blanca acatará la orden de una jueza de Virginia que bloqueó los polémicos pagos destinados a compensar a aliados del Mandatario.
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La Administración del Presidente Donald Trump anunció la suspensión temporal del polémico fondo de 1.800 millones de dólares establecido para compensar a los aliados del Mandatario. La determinación del Ejecutivo se adoptó en estricto cumplimiento de una orden judicial y en medio de una fuerte resistencia interna de los parlamentarios republicanos, quienes manifestaron su profunda preocupación por la falta de mecanismos de supervisión y el riesgo de que los recursos fiscales terminen financiando a los participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
El freno operativo se desencadenó tras el dictamen de la jueza federal de Virginia, Leonie Brinkema, quien congeló la puesta en marcha de la iniciativa y fijó una audiencia para el próximo 12 de junio para evaluar si extiende la prohibición. Aunque el Departamento de Justicia (DOJ) declaró que “discrepa profundamente” de la resolución judicial, confirmó que acatará el mandato. La Moneda no transparentó si planea reanudar la vigencia del fondo si se levanta el bloqueo, o si optará por retirar de forma permanente el plan ideado para indemnizar a personas que acusan un trato injusto por parte del aparato penal.
El origen del conflicto y el nudo en el IRS
La Casa Blanca había defendido la creación del denominado “Fondo contra la militarización” de 1.776 millones de dólares. Este instrumento financiero se diseñó originalmente para cerrar una demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) debido a la filtración de sus declaraciones tributarias. Para el oficialismo, la glosa actuaba como una medida correctiva legítima frente a lo que calificaron como la “militarización” de las fuerzas del orden durante el gobierno de Joe Biden.
Sin embargo, el entramado judicial sumó una nueva complicación en Florida. La jueza federal Kathleen Williams, quien supervisa el litigio original con el IRS, ordenó a los abogados del Presidente responder a graves acusaciones que sugieren que el Mandatario retiró sus demandas solo para evitar el escrutinio de la corte. La magistrada fijó como límite el 12 de junio para que la defensa responda por escrito ante imputaciones de colusión y determine si el tribunal fue “víctima de un fraude”. Por su parte, el DOJ defendió que el beneficio estaba abierto a cualquier persona perseguida, sin distinción de militancia política.
Rebelión en el Congreso frena agenda migratoria
Pese a que el anuncio del fondo fue celebrado por sectores afines al mandatario y por involucrados en los disturbios del Capitolio, la bancada republicana en el Congreso reaccionó de manera hostil. La controversia escaló al comité político, transformándose en el tema central de una cita privada mantenida este lunes entre Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
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La molestia de los legisladores afectó directamente la agenda de la Casa Blanca, provocando que los senadores oficialistas abandonaran la capital hace diez días sin aprobar las leyes de financiamiento para las agencias de control migratorio de Trump. Los parlamentarios que retornaron a Washington advirtieron que no otorgarán los votos necesarios para viabilizar el presupuesto de Seguridad Nacional hasta que el Ejecutivo colabore en fijar parámetros estrictos o eliminar el fondo.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, emplazó públicamente a la administración a desactivar el conflicto por sus propios medios:
“Creo que la mejor manera de manejarlo es que la administración decida cerrarlo por sí misma”, planteó Thune ante los medios de comunicación.
La tensión interna ya había quedado de manifiesto en una sesión reservada celebrada el mes pasado con el fiscal general interino, Todd Blanche, instancia de alta fricción que el senador por Texas, Ted Cruz, catalogó como una de “las reuniones más difíciles” que ha presenciado durante toda su trayectoria en la Cámara Alta.