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“Nos obliga a tomar medidas”: Gobierno realizará nuevos recortes y sumará ajustes a la megarreforma tras informe de Hacienda

El ministro José García Ruminot adelantó que se evalúa disminuir el crédito por el empleo y aplicar mayores tijerazos a los presupuestos de los próximos años.

13 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO
El futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot habla con la prensa al finalizar la reunión con la actual ministra, Macarena Lobos, para el traspaso de información del cargo ante el cambio de mando del gobierno.
FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

13 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO El futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot habla con la prensa al finalizar la reunión con la actual ministra, Macarena Lobos, para el traspaso de información del cargo ante el cambio de mando del gobierno. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Informe de Finanzas Públicas presentado por el Ministerio de Hacienda detonó inmediatos ajustes en la planificación legislativa del Ejecutivo. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó que el Gobierno se verá obligado a introducir modificaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que iniciará su segundo trámite constitucional en el Senado el próximo 2 de junio.

La revisión de la estrategia gubernamental se consolidó luego de que el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, transparentara que la deuda pública real proyectada podría alcanzar un 46% del Producto Interno Bruto (PIB). Según explicó García Ruminot en el podcastCómo te lo explico de la La Tercera, este nuevo indicador macroeconómico agravó la estrechez del erario nacional, forzando el diseño de herramientas de contingencia para asegurar una mayor recaudación o disminuir los costos asociados a la reforma.

Reducción de plazos y recortes presupuestarios

Las modificaciones técnicas afectarán a uno de los incentivos centrales del diseño original: la invariabilidad tributaria. Si bien la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados fijaba este beneficio en un horizonte de 25 años, el titular de la Segpres adelantó que el plazo podría verse disminuido a 20 años, elevando de forma paralela los montos mínimos sujetos a dicha invariabilidad. Esta alternativa, que ya había sido sondeada sin éxito por el ministro Quiroz durante las negociaciones con la Democracia Cristiana (DC) en el primer trámite, se reinstalará en la discusión con el fin de viabilizar un consenso político.

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Asimismo, el plan de contingencia del comité político contempla una revisión estricta al crédito por el empleo, beneficio que actualmente involucra un desembolso fiscal de US$ 1.400 millones, cifra que la autoridad calificó como un costo excesivamente alto para el nuevo contexto macroeconómico. En contraposición, García Ruminot descartó de momento que se vaya a modificar la rebaja del impuesto a las empresas desde el 27% al 23%, argumentando que es una materia bajo análisis exclusivo de Hacienda y sobre la cual no se ha levantado una postura de cambio con fuerza interna.

El factor del Partido Socialista en la Cámara Alta

De cara al debate parlamentario, la Segpres ya inició la coordinación de agendas para recibir a los comités de oposición que han solicitado audiencias formales. Debido a la actual correlación de fuerzas en el Senado, el Ejecutivo identificó al Partido Socialista (PS) —colectividad que ostenta la bancada más numerosa de la Cámara Alta— como el interlocutor estratégico y obligatorio para salvar la tramitación de la ley.

Hacia el cierre de la discusión presupuestaria, el ministro García Ruminot envió un emplazamiento directo a la tienda liderada por la senadora Paulina Vodanovic, manifestando su expectativa de que concurran favorablemente con sus votos para aprobar la idea de legislar y mantener el sentido de urgencia. Finalmente, respecto a los plazos de despacho, el secretario de Estado tomó distancia de la postura del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien se había mostrado abierto a flexibilizar el mes de junio como tope, fijando de forma definitiva a fines de julio como una fecha técnicamente razonable para sellar los acuerdos definitivos con la centroizquierda.

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