Tesorería aclara alcance del dictamen de Contraloría por deuda CAE: “Las facultades de cobro permanecen vigentes”
El organismo sostuvo que el dictamen no restringe sus atribuciones para cobrar deudas estudiantiles y afirmó que el mecanismo de compensación tributaria continúa plenamente operativo.
Agencia Uno
La Tesorería General de la República (TGR) salió a aclarar este viernes que el reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) no elimina ni restringe sus facultades para cobrar deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de la polémica generada por una resolución que ordenó devolver una retención de impuestos aplicada a una trabajadora independiente.
A través de un comunicado, la TGR precisó que el dictamen N° OF91153 de 2026 “se refiere exclusivamente” a un caso relacionado con fondos destinados a cotizaciones previsionales obligatorias y no afecta las herramientas generales de cobranza que mantiene el organismo respecto de las deudas del CAE.
Tesorería General de la República (TGR) / Francisco Flores Seguel
La aclaración surge luego de que la Contraloría instruyera devolver la retención de impuestos realizada a una trabajadora que mantenía deuda por Crédito con Aval del Estado.
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Según el organismo fiscalizador, los montos retenidos provenían de boletas de honorarios emitidas por servicios prestados a la Municipalidad de Chonchi y debían priorizarse para el pago de cotizaciones previsionales.
En su resolución, la CGR determinó que debía prevalecer el pago de obligaciones previsionales por sobre la compensación de la deuda estudiantil, ordenando a Tesorería reintegrar los recursos y dejar sin efecto la retención aplicada.
Sin embargo, desde la TGR enfatizaron que las facultades de cobro coactivo establecidas en el Código Tributario “permanecen plenamente vigentes”, incluyendo la posibilidad de compensar deudas del CAE con devoluciones fiscales.
Asimismo, la institución sostuvo que el dictamen no cuestiona la calidad del Fisco como acreedor ni la naturaleza pública del Crédito con Aval del Estado. También subrayó que la propia Contraloría mantuvo vigente la doctrina establecida en un dictamen de 2019, ratificando los criterios administrativos utilizados hasta ahora en este tipo de cobranzas.