El “portazo” de la Justicia a los deudores del CAE: Suprema blinda a la Tesorería y confirma inadmisibilidad de recursos de protección
El máximo tribunal respaldó el criterio de las Cortes de Apelaciones, declarando inadmisibles la gran mayoría de las acciones judiciales presentadas por deudores contra la TGR.
La Corte Suprema ha ratificado la postura de la Tesorería General de la República (TGR) al declarar la inadmisibilidad de una gran cantidad de recursos de protección presentados por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Según datos proporcionados por la institución, la tendencia judicial en el país muestra un blindaje a las gestiones de cobranza y recuperación de fondos destinados a la educación superior.
De un universo de 1.968 recursos de protección interpuestos contra la TGR, un total de 1.453 fueron declarados inadmisibles por las distintas Cortes de Apelaciones. Esta cifra representa aproximadamente el 74% del total de las acciones legales ingresadas hasta la fecha.
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El balance en regiones
El comportamiento de los tribunales ha variado según la jurisdicción, destacándose zonas donde el rechazo a estas acciones ha sido mayoritario:
- Líderes en inadmisibilidad: La Corte de Santiago encabeza la lista con 569 casos , seguida por San Miguel (197), Concepción (146) y Rancagua (58).
- Recursos admitidos: Solo 236 recursos han sido declarados admisibles a nivel nacional. Las cortes que han mostrado una mayor apertura a tramitar estas causas son Talca (102 casos), Valparaíso (99), La Serena (24) y Arica (7).
Validación del máximo tribunal
La Corte Suprema ha reforzado este criterio al declarar inadmisibles más de 250 recursos y 239 apelaciones adicionales presentadas por los recurrentes. Para la TGR, estos resultados judiciales no son casuales, sino que reflejan la “solidez jurídica” de sus actuaciones en el marco de la recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal.
Esta resolución judicial llega en un momento clave para la gestión de cobranzas de la institución, validando los procedimientos administrativos realizados ante los deudores vinculados al CAE.
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