Autos más antiguos y menos exigencias: Gobierno ingresa nuevo reglamento de la “Ley Uber” a Contraloría

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ingresó a la Contraloría una nueva versión del reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), normativa que busca regular el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify y Didi, y cuya implementación se ha retrasado desde su promulgación en 2023.

El nuevo texto incorpora cambios relevantes respecto de versiones anteriores, con foco en reducir barreras de entrada y resguardar el empleo en el sector, que según datos del Servicio de Impuestos Internos supera los 125 mil puestos formales, de acuerdo lo expuesto por El Mercurio.

Ampliar

Entre las principales modificaciones, se amplía la antigüedad permitida de los vehículos. Para quienes ingresen al sistema, el límite pasa de uno a cinco años, y hasta siete en regiones extremas, mientras que los autos ya operativos podrán tener hasta 15 años. Además, se elimina la exigencia de cilindrada y potencia mínima del motor.

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El reglamento también simplifica los requisitos administrativos. Ya no se solicitarán antecedentes que el propio Estado pueda obtener desde sus bases de datos, y se reduce la cantidad de información que las empresas deben reportar, limitándola a lo estrictamente necesario para cumplir la ley.

Otro cambio apunta a la operación del sistema: se flexibilizan los reemplazos de vehículos y se acorta de 30 a 10 días el plazo para informar nuevos cupos disponibles. Asimismo, se elimina el mecanismo de asignación fija de cupos, con el objetivo de mantener la capacidad de las plataformas para ajustar la oferta según la demanda.

A través de una publicación en redes sociales, el ministro de Transportes, Louis de Grange, defendió estos cambios y apuntó a lo trabajado en la administración anterior.

“Respecto de la anterior versión, el nuevo Reglamento EAT (Apps) evitará un deterioro del servicio (como alzas de tarifas, mayores tiempos de espera y menor cobertura geográfica)“, indicó.

“También evitará un impacto negativo en el empleo de cientos de miles de personas”, sumó.

La tramitación del reglamento ocurre en paralelo al desarrollo de una nueva plataforma tecnológica que permitirá implementar el sistema de registro de conductores. Este proceso fue relicitado tras el término anticipado de un contrato anterior.

Ahora, la entrada en vigencia de la normativa dependerá de la revisión de la Contraloría y del avance de dicha plataforma.