Crimen organizado en Chile se duplica en una década: solo 1 de cada 3 causas terminan con una condena
El informe reveló que más del 60% de las causas vinculadas a crimen organizado se archiva o termina por vía administrativa, mientras el aumento de la violencia ha obligado al Ejecutivo a reforzar la seguridad de jueces y tribunales.
13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin
Durante este martes, un informe del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián advirtió que las causas vinculadas a este fenómeno aumentaron de forma sostenida en la última década, pasando de representar un 2,4% del total del sistema penal a un 5,2% en 2024, en un contexto marcado por delitos como secuestros, homicidios y extorsiones.
En ese escenario, el análisis —elaborado a partir de datos del Ministerio Público— evidenció que menos de un tercio de estas causas concluye con una sentencia condenatoria, mientras que una proporción significativa termina archivada o mediante salidas no judiciales, lo que refleja una brecha entre el aumento de la persecución penal y los resultados efectivos.
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El exfiscal y director del centro de estudios, Luis Toledo, explicó que “del volumen mayor que ingresa en esta categoría, más del sesenta por ciento de las causas no llega a una salida judicial, sino que se terminan por vía administrativa”, agregando que “no alcanzamos a condenar o bien a tener resultados eficientes para la ciudadanía en ese volumen total”.
El avance del crimen organizado también ha tenido efectos dentro del Poder Judicial, donde magistrados han manifestado preocupación por episodios de violencia en su contra, especialmente en causas vinculadas a macrocriminalidad, lo que llevó al Ejecutivo a evaluar medidas de protección.
Entre las acciones consideradas se encuentra el aumento de la presencia de Gendarmería en tribunales y la entrega de vehículos blindados a jueces, medidas que —según se ha planteado— deberían priorizar recintos con causas sensibles, como los tribunales de familia.
En esa línea, el exsubsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, sostuvo que “la seguridad de nuestros jueces es prioritaria y fundamental para el Estado de Derecho”, junto con advertir que es necesario reforzar la dotación de Gendarmería para asumir estas nuevas funciones sin afectar su labor en recintos penitenciarios.
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