Contraloría descarta considerar condenas extranjeras para rechazar patentes de alcoholes
Un nuevo dictamen aclara que los municipios no pueden usar condenas extranjeras para rechazar patentes de alcoholes, aunque sí podrían considerarlas en evaluaciones generales.
La Contraloría General de la República emitió un dictamen que redefine cómo los municipios deben evaluar las solicitudes de patentes de alcoholes en Chile.
El organismo determinó que no es procedente utilizar condenas penales extranjeras como fundamento directo para rechazar este tipo de permisos, incluso si estas son de conocimiento público.
El pronunciamiento surge a partir de una consulta de la Municipalidad de Providencia y establece un criterio claro: la inhabilidad legal por antecedentes penales debe acreditarse exclusivamente mediante mecanismos formales.
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En esa línea, el documento señala que “la determinación del cumplimiento o no del requisito se establece en base a la respectiva declaración jurada y el certificado de antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
Municipios no pueden ampliar exigencias legales
El dictamen enfatiza que la normativa vigente no faculta a las municipalidades para exigir antecedentes adicionales ni considerar hechos externos para comprobar inhabilidades. De hecho, la Contraloría es categórica al afirmar que “no resulta procedente considerar una condena penal extranjera a efectos de determinar la concurrencia de la inhabilidad” para otorgar patentes de alcoholes.
Sin embargo, el organismo también introduce un matiz relevante. Si bien estas condenas no pueden ser usadas como prueba legal directa, sí podrían influir en la evaluación general del municipio. En ese sentido, aclara que “es sin perjuicio de ponderar aquellos antecedentes o hechos que sean de público conocimiento”, especialmente cuando se relacionan con la seguridad o el bienestar de la comunidad.
Este criterio deja un margen de acción a las autoridades locales, pero dentro de límites estrictos: cualquier decisión debe estar debidamente fundamentada y no puede basarse únicamente en antecedentes que la ley no reconoce como válidos para acreditar inhabilidades.
En la práctica, el dictamen refuerza el carácter reglado del proceso de otorgamiento de patentes de alcoholes y busca evitar discrecionalidad excesiva por parte de los municipios, estableciendo reglas claras sobre qué información puede —y no puede— ser utilizada.