Diputados denuncian ante Contraloría a asesores presidenciales por remuneraciones duplicadas

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) presentó un oficio ante la Contraloría General de la República (CGR) para que el organismo evalúe la legalidad de las contrataciones de diversos asesores del gobierno de José Antonio Kast. La denuncia apunta a funcionarios que perciben remuneraciones simultáneas al mantener sus cargos vigentes de elección popular.

La acción parlamentaria, liderada por los legisladores Tamara Ramírez, Fabián Ossandón, Patricio Briones y Flor Contreras, surge tras detectarse que la jefa de gabinete presidencial, Catalina Ugarte, y asesores de las carteras de Transportes y Educación, ejercen funciones en el Ejecutivo mientras figuran como concejales o consejeros regionales (CORE). Según los parlamentarios, esta situación constituye una incompatibilidad evidente de funciones.

Cuestionamientos a la probidad administrativa

Desde el bloque denunciante enfatizaron que un asesor presidencial requiere dedicación exclusiva, asegurando que es inviable cumplir con las obligaciones territoriales de las urnas y las labores de alta responsabilidad en La Moneda de forma paralela. El diputado Fabián Ossandón calificó el hecho como una “falta grave a la probidad” y cuestionó la ausencia de instrucciones presidenciales para que los implicados renunciaran a sus puestos anteriores.

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Por su parte, el diputado Patricio Briones instó a la Contraloría a aclarar si los funcionarios han cumplido con su jornada laboral en el gobierno según dicta la normativa, o si han descuidado sus funciones públicas originales. Los legisladores recalcaron que estas prácticas dañan la confianza pública en una administración que había comprometido “tolerancia cero” a los privilegios estatales.

Finalmente, la diputada Flor Contreras señaló que el requerimiento busca determinar responsabilidades administrativas y establecer si corresponde el reintegro de los dineros percibidos de forma incompatible por los asesores estratégicos. El órgano contralor deberá ahora pronunciarse sobre la validez reglamentaria de estas omisiones y la permanencia de los funcionarios en sus cargos actuales.