Más de 100 mil licencias y compras bajo la lupa: las alertas que detectó la auditoría del Estado
Un primer informe oficial detectó señales de riesgo en más de 500 servicios públicos, con foco en compras ágiles, convenios pagados y licencias prolongadas.
Agencia Uno
El primer informe de inspección total al Estado encendió alertas sobre el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos.
El documento, revisado en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, examinó información correspondiente a 2025 y al período comprendido hasta el 10 de marzo de 2026.
Entre los antecedentes expuestos aparecen transferencias y convenios por más de USD 140 millones a entidades con menos de un año de antigüedad, además de más de 65 mil adquisiciones por “Compra Ágil” en las que un mismo proveedor recibió contrataciones repetidas en un solo día.
A eso se suman más de mil contratos con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, junto con más de 2.500 incorporaciones a plantas de servicios durante los últimos meses de 2025.
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Las principales señales de riesgo
Otro de los puntos sensibles del reporte apunta a más de mil convenios terminados y pagados íntegramente, pero con montos no rendidos que superarían los USD 50 millones. Asimismo, se identificaron cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extendieron por más de un año.
El informe también advierte sobre traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata y sobre recursos asignados a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, precisó que “dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”.
Luego, la autoridad añadió: “Este es un hecho inédito. En tiempo récord, estamos cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”.
Según el mismo reporte, el análisis se construyó con más de 213 millones de registros de datos, revisados junto a otras bases administrativas, transaccionales y plataformas de transparencia.
El trabajo seguirá durante las próximas semanas: hasta el 16 de abril se recepcionará información sobre 2024; entre el 17 y el 27 de abril se revisará 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo se hará lo mismo con 2022.
Después vendrá la consolidación de hallazgos y la eventual derivación de antecedentes a otros organismos.