AUDIO. Libertad para adolescentes tras amenazas de tiroteo en colegio de La Serena: Justicia declaró ilegales las detenciones

Una jornada de máxima tensión fue la que se vivió el pasado miércoles en el Colegio Adventista de La Serena, ubicado en la Ruta 5 Norte, luego de que el hallazgo de amenazas de un “asesinato masivo” obligara a evacuar el recinto.

Pese a la gravedad de los hechos y la existencia de una confesión, los dos menores involucrados quedaron en libertad tras su audiencia de formalización.

El incidente se desencadenó el pasado miércoles 8 de abril, cuando se descubrieron rayados en los baños del establecimiento que advertían sobre un posible tiroteo y matanza. La administración activó de inmediato los protocolos de seguridad, suspendiendo las clases y anticipando la salida de toda la comunidad escolar.

Tras la intervención de las autoridades, se detuvo a dos estudiantes de 15 y 17 años, imputándoles los delitos de desórdenes públicos y porte ilegal de arma blanca.

Ilegalidad de la detención

A pesar de que la PDI aseguró contar con los medios de prueba necesarios e incluso uno de los menores habría confesado su participación, el Juzgado de Garantía de La Serena acogió los argumentos de la Defensoría Penal Pública y declaró ilegales ambas detenciones.

La defensora penal juvenil, Paula Pérez, explicó que las pruebas presentadas no cumplían con los estándares legales para mantener la privación de libertad:

“Respecto del porte de arma blanca, no era un elemento prohibido sin justificación; era un implemento utilizado para la alimentación de la joven que estaba dentro de su lonchera. Los testigos confirman que el objeto siempre entraba y salía de dicho recipiente”, señaló la abogada.

En cuanto al segundo menor de 15 años, la defensa argumentó que no existía flagrancia según lo estipulado en el artículo 130 del Código Procesal Penal, afirmando que no había antecedentes suficientes para atribuirle participación indubitada en el delito al momento de la captura.

Tras el fallo, ambos adolescentes fueron dejados en libertad sin medidas cautelares. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días, periodo en el cual el Ministerio Público deberá profundizar en las diligencias para determinar responsabilidades penales tras la conmoción causada en el sistema educacional de la región.