• 08 ABR 2026

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Presidente Kast anuncia ley para exigir exámenes de droga obligatorio a futuros presidentes: normativa actual no lo contempla

La iniciativa busca extender estos exámenes al Presidente, parlamentarios, candidatos y directivas de partidos, con resultados públicos, mientras el Mandatario se realizó una prueba de manera voluntaria en la ACHS.

08 DE ABRIL 2026 / LAS CONDES FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Durante este miércoles, el Presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas con muestra de pelo en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en la comuna de Las Condes, en un procedimiento que —según indicó— fue voluntario y financiado con recursos propios.

“Está claro que si tenemos un problema real de narcotráfico, cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de esas redes”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “quienes quieran ejercer el servicio público de cara a las personas tienen que renunciar a ciertas normas de protección”, agregó.

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Junto con ello, anunció el envío de un proyecto de ley denominado “Probidad antinarcóticos en el ejercicio del poder público”, que busca ampliar las exigencias actuales en materia de control de consumo de drogas en autoridades.

Como parte de las medidas inmediatas, el Ejecutivo informó la actualización del sistema de control vigente, modificando el Decreto Supremo N°1.215 de 2006 para establecer el examen de pelo como método estándar, ya sea en reemplazo o como complemento al test de orina. Además, se instruyó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) asegurar financiamiento para que ministerios y servicios públicos puedan implementar estos controles.

Asimismo, se estableció que los resultados deberán ser publicados en los sitios web institucionales dentro de un plazo de diez días hábiles desde la realización de los exámenes.

El proyecto de ley, en tanto, contempla extender esta obligación al Presidente de la República, además de senadores y diputados, quienes deberán someterse a controles periódicos con resultados públicos.

También incorpora a las directivas de partidos políticos como requisito para acceder a financiamiento estatal, y a candidatos a cargos de elección popular, estableciendo que el incumplimiento implicará inhabilidades para postular.

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